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La viabilidad de una terminal de carga en el aeropuerto de León ha recibido un impulso definitivo tras la presentación de un estudio realizado por la FELE, el CEL y la Cámara de Comercio. Este documento técnico certifica que tres de cada cuatro empresas de la provincia ven útil la construcción de esta infraestructura y estarían dispuestas a utilizarla para sus operaciones logísticas. El dato contradice las respuestas emitidas por el Gobierno de España a lo largo de 2025, en las que se afirmaba que ninguna compañía había mostrado interés formal en la explotación de servicios de mercancías en la base leonesa.
La infraestructura solicitada no se limita únicamente al edificio de la terminal. El proyecto técnico contempla la instalación de un sistema ILS Nivel III de última generación para garantizar la operatividad del aeropuerto en condiciones meteorológicas adversas, así como el equipamiento necesario para convertir a León en el nodo logístico aéreo del noroeste peninsular. En la actualidad, las empresas de la zona se ven obligadas a desplazar sus mercancías por carretera hasta aeropuertos como Vitoria o Zaragoza debido a la carencia de instalaciones adecuadas en su entorno cercano.
El bloqueo del proyecto ha generado un intenso debate político. A pesar de que las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una Proposición No de Ley a favor de esta terminal, la ejecución de las obras depende directamente de Aena y del Ministerio de Transportes. La plataforma ciudadana Más Vuelos ha señalado que el argumento de esperar a que las empresas soliciten el servicio antes de construir la infraestructura es un error estratégico, citando el éxito del polígono de Villadangos del Páramo, que completó sus fases tras asegurar la infraestructura necesaria, frente al parálisis que sufre el proyecto de Torneros tras 17 años de espera.
La exigencia ciudadana se centra ahora en que la dirección de Aena presente un compromiso presupuestario firme para 2026. Con el respaldo mayoritario del tejido empresarial leonés, la pelota está en el tejado de la administración central, que ya no puede alegar falta de demanda para postergar una inversión considerada vital para el desarrollo económico y la competitividad del transporte de mercancías en el noroeste del país.
