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El operativo policial se inició al comprobar que la sala superaba ampliamente la capacidad máxima autorizada, lo que generaba un riesgo grave para la seguridad de los asistentes ante una posible situación de emergencia. En el momento del desalojo, el interior del establecimiento registraba una ocupación que casi doblaba el aforo legalmente permitido, con medio millar de clientes en un espacio diseñado para un máximo de 275 usuarios.
Tras el desalojo ordenado de la discoteca, los agentes realizaron una inspección pormenorizada de las instalaciones. Como resultado de este control, se interpusieron seis denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de normativas tanto nacionales como autonómicas. Entre las deficiencias más graves detectadas se encontraba la inhabilitación y mala señalización de varias salidas de emergencia, elementos críticos para garantizar la evacuación del inmueble.
La inspección administrativa también permitió identificar otras irregularidades en el interior del recinto. Los agentes constataron la presencia de menores de edad, así como el consumo de tabaco y sustancias estupefacientes dentro del local. Estas actas de denuncia han sido remitidas a los organismos correspondientes para el inicio de los expedientes sancionadores pertinentes, que podrían derivar en multas económicas significativas para los propietarios del establecimiento.
Como medida de prevención general, las fuerzas de seguridad recuerdan la importancia de utilizar herramientas de comunicación directa en situaciones de riesgo. El uso de aplicaciones oficiales permite a la ciudadanía contactar con los centros operativos de manera ágil y recibir avisos de seguridad en tiempo real cuando se producen incidencias en su zona de ubicación.
