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La controversia se centra en una decisión publicada en el boletín oficial que, a juicio de este colectivo, habilita aprovechamientos cinegéticos en áreas que aún se encuentran en fase de recuperación. La coalición sostiene que la norma estatal fija un periodo de suspensión de determinados usos para evitar una segunda presión sobre el ecosistema, primero por el fuego y después por la actividad humana, y considera que la autorización conocida ahora desnaturaliza ese principio.
Su portavoz en León ha calificado la medida de "inaceptable" por producirse pocos meses después de los incendios y por trasladar la idea de que el territorio está ya en condiciones de soportar actividad cinegética. En su argumentación, el grupo político insiste en que la recuperación ambiental requiere tiempos largos y que adelantar usos en superficies arrasadas compromete la regeneración del suelo, la vegetación y la fauna asociada.
El comunicado sostiene que la decisión supone una gestión ambiental regresiva y cuestiona que se recurra a resoluciones administrativas para permitir la caza en espacios que, a su entender, deberían permanecer protegidos durante el periodo marcado por la legislación. En ese marco, la coalición vincula la autorización a presiones sectoriales y plantea que la administración autonómica debe priorizar la protección del patrimonio natural y el interés general.
La reclamación incluye una exigencia concreta: revocar o modificar la autorización para ajustarla a los plazos de protección y situar la recuperación ambiental como criterio central de la actuación pública. El grupo añade que la gestión del territorio debe basarse en criterios técnicos y científicos, con respeto estricto a la legalidad vigente y sin excepciones que abran la puerta a usos prematuros.
Por el momento, han anunciado que mantendrán la presión pública para que se revise la decisión y se garantice que los montes afectados por los incendios puedan completar su ciclo de regeneración antes de reactivar aprovechamientos cinegéticos.
