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La asociación constituida por la comisión mantiene abierto el proceso de adhesión hasta el 23 de marzo. Su abogado, Antonio Gómez, explicó que el trámite está avanzando sin incidencias y defendió que el planteamiento garantiza una parte sustancial de los cobros, incluso si se produjeran movimientos ajenos al acuerdo promovido desde Villamanín. En su intervención insistió en que, por el momento, no consta que se haya iniciado un procedimiento judicial paralelo por parte de los premiados.
El mecanismo pactado implica que cada participante renuncie a una parte de su premio. La merma se sitúa en torno a los 6.000 euros por papeleta, sobre una cantidad inicial de 80.000 euros por cada una, dentro de un esquema diseñado para hacer viable el reparto ante el desfase detectado. Gómez animó a quienes aún no se han inscrito a completar la adhesión para agilizar un procedimiento que describió como complejo para algunos interesados, por la documentación requerida y los pasos administrativos asociados.
En la comparecencia participaron también varios integrantes de la comisión, que expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido en el municipio y en redes sociales. Los responsables reconocieron el error, pidieron disculpas y trasladaron el impacto personal de lo ocurrido durante las fiestas navideñas. En ese mismo acto se detalló que, para compensar parte del desequilibrio, los miembros de la comisión han aportado dos décimos y una papeleta.
La asociación continúa a la espera de que el resto de premiados se sume al acuerdo para completar el reparto en condiciones homogéneas. El equipo que dirige el proceso insiste en que la adhesión colectiva facilita una salida ordenada, reduce incertidumbres y acota los tiempos de resolución para quienes quieren cobrar sin abrir un nuevo frente legal.
En paralelo, la comisión cuenta con asesoramiento económico. En esa línea, la catedrática de Economía Teresa Mata advirtió de los riesgos asociados a eventuales intentos de compraventa de papeletas premiadas, recordando que ese tipo de operaciones puede derivar en responsabilidades penales vinculadas al blanqueo de capitales, tanto para quien adquiere como para quien transmite el documento.
