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La comunicación llega tras varias semanas de gestiones internas y busca ordenar un procedimiento que afecta a decenas de participaciones. La comisión ha precisado las cifras finales del premio con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas y unificar criterios entre los poseedores de papeletas. El montante global corresponde a 81 décimos, con un importe neto por cada uno de 328.000 euros, lo que sitúa la cantidad total disponible en 26.568.000 euros.
Como eje central del proceso, la comisión pondrá en funcionamiento un registro obligatorio que será condición indispensable para acceder al cobro a través del sistema habilitado por la propia organización. Este registro se realizará principalmente de forma telemática mediante una plataforma específica, que se encuentra en fase de puesta a punto. El objetivo es identificar a los participantes, verificar la validez de las papeletas y garantizar un reparto ordenado del premio.
El procedimiento ofrece dos vías diferenciadas. Por un lado, los titulares de participaciones podrán adherirse a un acuerdo colectivo aprobado en una asamblea celebrada en diciembre de 2025. Esta opción implica una reducción aproximada del 10 por ciento sobre el importe neto correspondiente a cada papeleta, planteada como mecanismo para cubrir gastos y facilitar una gestión conjunta del cobro. Por otro lado, existe la posibilidad de no sumarse a ese acuerdo, lo que abre la puerta a reclamar el importe íntegro por otras vías, con la advertencia de que ese camino puede suponer mayores plazos y costes adicionales.
Con el fin de facilitar el acceso al registro a personas sin medios digitales, la comisión prevé habilitar jornadas presenciales tanto en Villamanín como en la ciudad de León. Las fechas y horarios de estas sesiones se comunicarán en los próximos días. En cualquier caso, el plazo será común para todas las modalidades y concluirá el 22 de marzo a las 24:00 horas.
La comisión ha señalado que, una vez superado ese límite, no será posible incorporarse al procedimiento diseñado para el cobro del premio. El calendario se justifica por la necesidad de cumplir con garantías legales y administrativas antes de avanzar a las siguientes fases del reparto.
El colectivo ha subrayado que la prioridad es cerrar el proceso con seguridad jurídica y transparencia, al tiempo que se preserva la convivencia en el municipio durante un trámite que afecta a un número elevado de personas y a una cantidad económica de gran relevancia.
