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El cambio afecta al terreno que pasa a manos municipales a cambio de que el consistorio asuma los costes del derribo. El PP sostiene que el convenio anterior contemplaba una cesion parcial de la parcela, inferior a la que establecen las Normas Urbanisticas Municipales, y que ese desequilibrio dejaba al Ayuntamiento en una posicion desfavorable al cargar con el gasto principal sin una contraprestacion equivalente en suelo.
Los populares aseguran que el nuevo texto amplia la superficie cedida hasta el ambito que marca la normativa local, lo que, en su planteamiento, corrige lo que califican como deficiencias graves del acuerdo de 2024. Tambien subrayan que el alcalde, Juan Carlos Alvarez, no ha explicado por que no fue posible materializar aquel primer convenio, pese a que la cesion del terreno habria sido ofrecida a la corporacion anterior para ajustarse a la normativa.
En el plano economico, el PP cifra en 35.000 euros el gasto municipal acumulado hasta la fecha en este asunto y advierte de que el desembolso no terminaria con la demolicion. A ese importe, señalan, se sumarian los costes de urbanizar y adecuar el terreno, un tramo de factura que, a su juicio, deberia haber asumido la propiedad del edificio y no el conjunto de los vecinos.
La critica politica se centra en el modo de gestion atribuido al regidor. El PP describe una pauta basada en presentar la nueva firma como un logro, mientras se reabre un expediente que, dicen, arrastraba falta de informes tecnicos y administrativos. En esa misma linea, vinculan el caso a un estilo de gobierno apoyado en anuncios repetidos sobre futuros proyectos en el solar, sin concrecion de plazos ni ejecucion, y recuerdan promesas municipales que consideran incumplidas, como el Centro de Dia y la Residencia de la Tercera Edad.
El grupo municipal añade que sigue sin tener acceso a determinados escritos relacionados con el caso y afirma que el Ayuntamiento no ha facilitado documentacion solicitada en el marco de este asunto. Se desconoce el calendario de actuaciones para completar la urbanizacion del terreno ni el detalle de las obligaciones concretas que asume cada parte en el nuevo convenio.
