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El laboratorio se ubicará en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de CIUDEN y nace del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad e INCIBE y la Fundación Ciudad de la Energía. Su marco operativo se articula mediante un convenio para mejorar la resiliencia de instalaciones energéticas ante ataques maliciosos que puedan comprometer su funcionamiento y tener impacto en la actividad económica y la prestación de servicios esenciales.
Entre sus capacidades previstas figuran entornos de prueba y gemelos digitales que replican o simulan infraestructuras energéticas reales. Esta configuración permitirá desarrollar proyectos de investigación en ciberseguridad industrial, realizar actividades de detección de ciberataques y apoyar el análisis forense de incidentes, además de diseñar acciones de capacitación con escenarios cercanos a condiciones reales de operación.
La puesta en marcha incorpora ya un primer hito operativo. El miércoles 21 de enero se celebrará el primer taller de ciberseguridad industrial dirigido a profesionales del sector energético y tecnológico, con el que comenzará la actividad formativa del laboratorio.
El proyecto se plantea también como un centro de colaboración internacional, con vocación de cooperación con otros países de la Unión Europea. En ese enfoque se sitúa el objetivo de reforzar la posición de León como nodo especializado en ciberseguridad industrial vinculada al sector energético, en un momento en el que la digitalización de redes, plantas y sistemas de control incrementa las superficies de exposición a amenazas.
Durante la jornada, Groizard mantuvo además un encuentro de trabajo para conocer los avances de "Compostilla Green", un proyecto industrial que prevé la construcción de una planta de producción de combustibles sostenibles para aviación a partir de hidrógeno verde y CO2 biogénico en el polígono de El Bayo, en Cubillos del Sil. La iniciativa cuenta con una ayuda de 81,4 millones de euros y se vincula a una inversión estimada de 700 millones, con una previsión de 240 empleos estables.
En el balance de apoyo público a zonas de transición justa y mineras, se recoge la concesión de 570 millones de euros para 181 proyectos en Castilla y León desde 2019.
