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La abogacía de Castilla y León ha trasladado su preocupación por los retrasos que ya se están registrando tras la implantación de los tribunales de Instancia y advierte del riesgo de colapso en la Administración de Justicia. El cambio organizativo, aplicado de forma progresiva entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026, ha supuesto la desaparición del esquema tradicional de juzgados unipersonales y su sustitución por una estructura de mayor complejidad.
La institución profesional sostiene que el nuevo modelo requiere una organización interna más exigente y que el atasco acumulado puede agravarse si no se acompasa con medios suficientes y ajustes operativos. En este escenario, anticipa un impacto directo en el trabajo cotidiano de los despachos por la ralentización de los procedimientos y el aumento de tiempos de respuesta.
A esa inquietud se suma el efecto de la reciente comarcalización en Valladolid y León, que desde el 1 de enero centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer en las capitales provinciales y en Ponferrada. La abogacía considera que este diseño obliga a muchas víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración y genera desigualdades en función del lugar de residencia, con especial incidencia en el medio rural.
El colectivo plantea reforzar las oficinas municipales de Justicia como puntos de atención de proximidad, con soporte tecnológico y dotación suficiente para que parte de las gestiones no dependan del desplazamiento físico hasta la sede judicial de referencia. También expresa su disposición a colaborar en la detección de incidencias y en la búsqueda de soluciones coordinadas, en el marco de los espacios de calidad del servicio público de Justicia previstos para el inicio de 2026.
Entre las demandas técnicas, se incluye la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los sistemas judiciales entre comunidades autónomas para evitar demoras y diferencias de acceso en la justicia digital. En el plano profesional, la abogacía mantiene la reclamación de una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para mutualistas y la aprobación de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, además de abordar la falta de compensación de los medios adecuados de solución de controversias en el turno de oficio desde el 3 de abril.
Estas cuestiones formarán parte del debate previsto en el Congreso de la Abogacía de Castilla y León, anunciado para mayo de 2026 en Zamora.
