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La ordenanza fue aprobada de forma definitiva el 29 de diciembre de 2025 por la Asamblea General de Concejales de la Mancomunidad, tras desestimar todas las alegaciones presentadas, incluidas las formuladas por Santa María del Páramo. El Ayuntamiento paramés afirma que el procedimiento se ha cerrado sin incorporar estudios de previsión económica ni una evaluación detallada del impacto real del cambio en los distintos municipios.
En el caso de Santa María del Páramo, el Ayuntamiento asegura que la nueva regulación le obligará a duplicar la aportación que venía realizando para el servicio de recogida de basuras. Al no haberse comunicado con antelación el incremento, el Consistorio afirma que deberá tramitar una modificación de créditos en los presupuestos municipales de 2026 para poder asumir el nuevo coste.
Uno de los principales puntos de crítica se centra en el diseño de la tasa. El Ayuntamiento sostiene que la ordenanza fija cuotas lineales y no contempla bonificaciones ni recargos en función de criterios como el número de generadores de residuos por vivienda, la separación selectiva, situaciones de vulnerabilidad o el uso de compostaje. En ese esquema, indica, todas las viviendas pagan la misma cantidad con independencia de su comportamiento ambiental.
El Consistorio también cuestiona el informe técnico-económico utilizado por la Mancomunidad, señalando errores en los padrones y falta de coherencia entre los porcentajes de subida y los coeficientes de generación de residuos. A ello añade un incremento del 13,05% en el coste del servicio de limpieza viaria, igualmente sin estudios previos ni información suficiente sobre su repercusión y sin que se haya planteado, sostiene, una renovación de contenedores o la implantación de sistemas de recogida selectiva.
En cuanto a las cuantías, el Ayuntamiento indica que la ordenanza contempla incrementos de entre el 45% y el 69% en conceptos como viviendas y bares, que pasarán a abonar 101,72 euros y 174,10 euros, respectivamente. Además, cifra en un 73,62% el aumento de la aportación por habitante que debe realizar el Ayuntamiento a la Mancomunidad, y afirma que se han empleado datos de población que no coinciden con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
El Ayuntamiento sostiene que el incremento supondrá un coste adicional para los vecinos sin mejoras asociadas del servicio y anuncia que utilizará los recursos disponibles para defender los intereses de la ciudadanía.
