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La secretaria general de UPL y procuradora en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, situó la reivindicación en el impacto económico que atribuye a ambas autopistas de peaje. La organización cifra la subida en un 4,73% en la AP-66 y en un 4,83% en la AP-71, y considera que ese encarecimiento agrava el coste de desplazamientos habituales, tanto en el eje León-Astorga como en la conexión con el Principado de Asturias.
UPL enmarca la petición en una posición ya defendida en el ámbito autonómico. La formación recordó que en diciembre su procurador Luis Mariano Santos reclamó al presidente de la Junta que impulsara una exigencia formal para suprimir el peaje de la AP-66. En ese contexto, UPL reprocha al Partido Popular su apoyo a una prórroga del peaje que la Comisión Europea habría considerado irregular, una situación que, a su juicio, sigue recayendo en el bolsillo de quienes utilizan la vía.
La crítica se extiende también al PSOE. La organización señala al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no haber promovido medidas que alteren el modelo actual de explotación y cobro en estas autopistas. Para UPL, la continuidad de los peajes limita la función de estas infraestructuras como ejes de comunicación y condiciona el desarrollo económico de la provincia, al encarecer el transporte cotidiano y las conexiones interprovinciales.
En el caso de la AP-66, UPL añade un elemento de conflicto: la existencia de obras prolongadas desde hace más de un año, un contexto en el que la formación afirma haber trasladado a la Fiscalía la carga económica que soportan los usuarios. El asunto se encuentra actualmente en la Fiscalía del Principado de Asturias, y la organización mantiene que seguirá respaldando iniciativas orientadas a reducir o eliminar el pago mientras persista la situación.
Por el momento, todavía no ha trascendido si el Gobierno central prevé algún cambio en el régimen de peajes de la AP-66 y la AP-71 o si existe un calendario para abordar su posible supresión.
