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EPISODIO 4: El método del silencio: así se monta un ayuntamiento paralelo

No es una cámara de realidad virtual, pero sí, hay que entrar en el marco para entender de que va esto. Hay tramas que no nacen de un golpe, sino de una rutina: decisiones verbales, contratación sin competencia real, control del pago como herramienta de poder y una caja municipal sin trazabilidad suficiente. Cuando el pleno acaba levantando reparos para “salir del paso” y la respuesta institucional es el silencio, el problema deja de ser administrativo y pasa a exigir una investigación oficial.

Montaña Leonesa22 de diciembre de 2025RMLRML
LA CAJA MENOS FUERTE
LA CAJA MENOS FUERTE

Una estructura clientelar en un municipio no suele presentarse como “corrupción” desde el primer día. Se instala como costumbre. La secuencia se repite en demasiados sitios y siempre empieza igual: alguien con capacidad de decidir se acostumbra a saltarse el procedimiento porque “nadie protesta” y porque el sistema, en el corto plazo, lo tolera

Primer engranaje: la decisión personal como sustituto del expediente.

El patrón arranca cuando las necesidades municipales dejan de pasar por licitación, pliegos o concurrencia, y se transforman en encargos directos. Se decide “por confianza”. Se encarga “al de siempre”. Se justifica por urgencia, por tradición o por comodidad. El resultado es que el contrato no existe o existe tarde, incompleto o mal armado. Donde debería haber procedimiento, hay palabra. Donde debería haber rastro documental, hay memoria selectiva. 

Segundo engranaje: proveedores del círculo y disciplina del cobro.

La red no se sostiene solo con adjudicaciones. Se sostiene con el pago. El proveedor que está dentro cobra antes, a veces sin fricción. El que molesta, espera. Ese mecanismo genera obediencia y miedo. No hace falta una amenaza explícita. Basta con el mensaje que se instala en el sector: “si te significas, te dejan colgado”. En municipios pequeños, esa presión es devastadora porque el mercado es limitado, la dependencia del cliente público es alta y el coste social de denunciar puede ser insoportable. 

Tercer engranaje: fraccionamiento y “troceado” para evitar controles.

Cuando el sistema quiere estabilidad, necesita reducir riesgos. Una forma clásica es fragmentar encargos para encajarlos en límites que evitan licitar o evitan fiscalización más intensa. Un mismo objeto se disuelve en piezas: montaje, transporte, material, mano de obra, mantenimiento. Todo parece pequeño, aislado y justificable. En conjunto, es una contratación recurrente sin competencia real. 

Cuarto engranaje: eventos y recaudación sin trazabilidad.

El punto más sensible aparece cuando hay ingresos en la calle: tasas, puestos, recaudaciones vinculadas a fiestas, mercados o actividades municipales. Si no hay recibos numerados, listados previos de ocupación, arqueos claros, ingresos bancarizados con desglose y un circuito de caja verificable, la puerta queda abierta a dos riesgos extremos: el ingreso no entra donde debe, o entra sin rastro suficiente para saber si está completo. En ese contexto, el “cobro” puede convertirse en moneda de intercambio: “tú recaudas, tú te quedas parte, así compensas gastos”, sin contrato, sin contabilidad clara y sin control efectivo. Ese es el tipo de mecanismo que, acreditado, puede implicar responsabilidades penales graves. 

Quinto engranaje: el técnico que detecta el desorden y la tentación del poder administrativo.

Cuando el procedimiento se degrada, alguien técnico lo ve. Una secretaría o intervención (con o sin habilitación nacional) encuentra expedientes incompletos, pagos sin soporte, partidas en negativo, obligaciones pendientes, movimientos poco claros o falta de documentación mínima. Ahí el sistema se bifurca: o se corrige y se documenta con rigor, o se normaliza el desorden. 

El escenario se vuelve especialmente preocupante cuando, además, aparece un uso discrecional del “mando administrativo”: tramito a quien conviene, freno a quien no, acelero lo que interesa, bloqueo lo incómodo. En esa fase, el ayuntamiento ya no solo funciona mal. Funciona selectivamente. Y eso, en términos democráticos, es un salto cualitativo. 

Sexto engranaje: el cierre político a través del levantamiento de reparos.

Cuando el desorden ya no se puede esconder, llega la “salida urgente”. Se convoca un pleno, se levantan reparos, se pagan facturas, se intenta dar sensación de normalidad. El levantamiento de reparos, en sí mismo, es una herramienta prevista para situaciones determinadas, pero se vuelve explosiva cuando se usa como vía habitual de regularización y no va acompañada de transparencia radical. 

Porque levantar reparos no sustituye a explicar. Al contrario: obliga a explicar más. Expediente por expediente. Fechas. Concepto. Por qué faltaba tramitación. Qué se ha hecho para reconstruir el camino. Qué responsabilidades se activan. Qué medidas se ponen para que no vuelva a pasar. 

Séptimo engranaje: el silencio como escudo.

Aquí está el elemento que convierte el caso en algo que ya no puede quedarse en discusión local. Cuando hay requerimientos por registro, solicitudes de información, avisos institucionales y, aun así, la respuesta es la nada, el silencio se convierte en una decisión. Y si el silencio se sostiene en el tiempo, la sospecha es inevitable: o no existe la documentación, o existe y perjudica, o existe y no se quiere entregar. En los tres supuestos, el interés público exige intervención. 

Qué debería activar una investigación oficial

Cuando concurren varios de estos indicadores a la vez -contratación sin licitación, fraccionamiento recurrente, pagos sin expediente completo, ingresos sin trazabilidad, reparos levantados como rutina y opacidad sostenida-, la salida ya no es “esperar a que se ordene solo”. La salida es una investigación con garantías, con preservación de documentos y revisión independiente. 

Eso incluye, como mínimo:

·       Requerimiento formal y urgente de expedientes completos y contabilidad asociada. 

·       Aseguramiento de documentación y trazabilidad de caja e ingresos de eventos (arqueos, recibos, ingresos bancarios, listados). 

·       Revisión externa o fiscalización específica de periodos y partidas sensibles. 

·       Depuración de responsabilidades administrativas, contables y, si se aprecian indicios, traslado al Ministerio Fiscal para que valore si hay relevancia penal. 

Porque en democracia el “malo” no debería ganar por agotamiento del vecino, por miedo del proveedor o por cansancio del funcionario. Si hay sombras, se despejan con papeles, controles y una investigación oficial. Y si no hay nada, se demuestra. Ese es el único final aceptable cuando el dinero es de todos.

En próximas entregas: qué reparos se levantan exactamente, qué expedientes quedan señalados por falta de tramitación y qué documentación aportará el Ayuntamiento para explicar, con papeles y fechas, cómo se ha llegado a este punto.

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