Miguel Sánchez Guerrero toma posesión en León como jefe de la XII Zona de la Guardia Civil en Castilla y León

Durante el acto se expusieron datos de contexto sobre la situación de seguridad en la Comunidad. La tasa de criminalidad en Castilla y León se sitúa más de diez puntos por debajo de la media nacional, con unos 7.000 guardias civiles desplegados en el territorio. De ellos, 130 se dedican de forma íntegra al seguimiento y atención especializada de 2.346 mujeres víctimas de violencia de género.

También se detalló el funcionamiento de la cibercomandancia ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad en León, concebida como Centro de Recepción de Denuncias Electrónicas. En sus primeros cinco meses de existencia registró 20.000 solicitudes de denuncia, con una media de 125 al día, un volumen que se equipara a una parte mayoritaria del total tramitado por la XII Zona en ese periodo.

Castilla y León afronta una prestación del servicio marcada por su tamaño y dispersión. La Comunidad suma 2.232 municipios repartidos en casi 92.000 kilómetros cuadrados, con núcleos de población muy diseminados y una población superior a 1,5 millones de habitantes, además de la presencia de dos de las principales rutas del Camino de Santiago.

En su intervención, Sánchez Guerrero enmarcó la nueva responsabilidad como un reto que asume con compromiso y energías renovadas, y señaló que la extensión y diversidad geográfica plantean desafíos singulares, especialmente en territorios con población envejecida y vulnerable. Recordó el trabajo desarrollado en incendios forestales, aludiendo a una campaña especialmente grave en la que se perdieron cuatro vidas humanas.

Entre las prioridades anunciadas figura reforzar la cercanía, apoyándose en tecnología y en la tramitación de denuncias telemáticas desde las patrullas, así como en nuevas herramientas digitales. Junto a ello, planteó potenciar la investigación, intensificar la lucha contra la violencia de género y los delitos de odio, y mejorar la seguridad vial, con especial atención a los riesgos del invierno. El plan incluye cooperación estrecha con el ámbito judicial, otros cuerpos policiales y distintas instituciones, además de la revisión de medios materiales y humanos para adaptar el servicio a nuevas tipologías delictivas.