El TSJCyL confirma la nulidad de los acuerdos del Ayuntamiento de La Bañeza sobre dedicaciones exclusivas y personal eventual

Los acuerdos anulados ampliaban de tres a cinco las dedicaciones exclusivas y parciales y fijaban las retribuciones del personal eventual. El Juzgado de lo Contencioso resolvió en 2024 que estas decisiones carecían de validez al haberse adoptado sin los informes preceptivos de Intervención. La nueva sentencia del TSJCyL mantiene que las medidas aprobadas en ese pleno “no son ajustadas a derecho”, por lo que quedan definitivamente invalidadas.

La impugnación judicial fue promovida por el Grupo Socialista, que votó en contra de los acuerdos desde su aprobación inicial. Tras presentar un recurso de reposición, posteriormente desestimado, el grupo interpuso un recurso contencioso-administrativo que derivó en la anulación de los acuerdos. La apelación presentada por el Ayuntamiento fue igualmente contestada por los socialistas, cuyo portavoz, Rodolfo Sánchez Prieto, valoró la sentencia al considerar que confirma que el equipo de gobierno no cumplió los procedimientos legales exigidos.

La resolución incide en la necesidad de contar con los informes económicos y jurídicos necesarios para adoptar decisiones que afectan a la estructura de personal y a la asignación de retribuciones municipales. El fallo subraya que la falta de estos informes vulnera los requisitos previstos en la normativa de régimen local y compromete la transparencia en la gestión pública.

El Grupo Socialista en La Bañeza remarcó que la sentencia evidencia la importancia de respetar los procedimientos administrativos y de garantizar la correcta fiscalización de los acuerdos municipales. Señaló además que no es posible crear puestos o fijar remuneraciones sin un análisis económico previo ni un debate interno que permita evaluar el impacto de estas decisiones.

La anulación supone que los acuerdos de 2023 no tendrán efecto alguno y obliga al Ayuntamiento a revisar cualquier decisión adoptada en base a ellos. El contenido de la sentencia deberá ahora integrarse en la gestión municipal para ajustar la estructura organizativa y económica a la legalidad vigente.