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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la paralización de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de La Bañeza para aplicar un incremento del 31 por ciento en las retribuciones vinculadas a las dedicaciones exclusivas del equipo de Gobierno. La resolución mantiene vigente la suspensión cautelar y descarta los argumentos planteados por el Ayuntamiento en su recurso de apelación.
El tribunal considera que la medida planteada por el Ejecutivo municipal, sustentado por PP y Vox, incluía la intención de aplicar el incremento con carácter retroactivo. Este punto, central en el análisis judicial, se valora como una actuación que no responde al interés público y sí a un interés estrictamente particular de los cargos afectados. La sentencia señala que ese intento buscaba compensar las consecuencias económicas derivadas de la nulidad previa de otro acuerdo de retribuciones.
La Sala añade que permitir el abono de las cantidades ahora suspendidas podría generar un perjuicio económico difícilmente reversible si finalmente los acuerdos fueran anulados de manera definitiva. De ahí que se mantenga la cautelar para evitar un impacto directo en las arcas municipales. El tribunal subraya que, en un contexto administrativo, la recuperación de cantidades abonadas de forma improcedente suele resultar compleja.
En cuanto a los argumentos del Ayuntamiento, la resolución rechaza la idea de que el funcionamiento municipal se vea comprometido por mantener las retribuciones anteriores. La sentencia califica como un planteamiento genérico esa advertencia y recuerda que no se ha aportado ninguna prueba que evidencie un riesgo operativo para el Ayuntamiento si se conservan los salarios previos. La Sala considera que el Gobierno local no ha acreditado necesidad urgente alguna que justifique el incremento.
El auto llega tras varios meses de conflicto político en torno a la retribución de los cargos municipales. La decisión confirma de manera firme la suspensión temporal mientras continúa el procedimiento principal, cuyo resultado definitivo aún no ha trascendido. El proceso continúa abierto y pendiente de resolución final.
La sentencia apunta, en suma, a la existencia de indicios de actuación orientada a un interés individual, aspecto que sustenta la continuidad de la medida cautelar y prolonga la incertidumbre sobre la validez de los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento.
