BOLETIN INFORMATIVO MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025
Un grupo de 25 medios de comunicación ha presentado acciones judiciales contra la ley de publicidad institucional aprobada en Castilla y León en 2025. Las empresas editoras sostienen que varios preceptos de la norma podrían vulnerar derechos y principios constitucionales y alteran las condiciones de acceso a la contratación pública de campañas.
CyL29 de octubre de 2025
RML
La impugnación se dirige contra el marco que regula la planificación, adjudicación y ejecución de la publicidad institucional autonómica. Los recurrentes cuestionan, entre otros aspectos, los requisitos y umbrales exigidos a los medios para acceder a las campañas, así como los criterios de distribución presupuestaria. A su juicio, determinados artículos introducen barreras que distorsionan la competencia y afectan a la pluralidad informativa al concentrar la inversión en un número reducido de soportes.
El núcleo del debate jurídico se centra en si la norma respeta los principios de igualdad, proporcionalidad, seguridad jurídica y libre concurrencia en la contratación pública. Las empresas señalan que el sistema de acreditaciones y declaraciones exigidas coloca a parte del sector en una posición de desventaja estructural, especialmente a medios locales y comarcales, cuyo modelo de ingresos depende en mayor medida de campañas públicas de alcance territorial.
Los medios también ponen el foco en los efectos prácticos de la ley sobre el mercado: reducción del número de actores con acceso real a la inversión institucional, riesgo de dependencia de unos pocos operadores y posible impacto sobre la viabilidad de proyectos informativos de pequeña y mediana escala. En paralelo, reclaman que la planificación anual y los criterios de segmentación se ajusten a parámetros objetivos, verificables y transparentes, con mecanismos de control que permitan auditar la eficacia y la adecuada distribución de los recursos.
El recurso solicita la revisión de los artículos señalados y la adopción de un marco que garantice condiciones de acceso equilibradas, medibles y compatibles con la diversidad del ecosistema mediático. También plantea que cualquier exigencia documental o económica sea proporcionada al objetivo de asegurar la correcta ejecución de las campañas, sin imposiciones que, en la práctica, excluyan a operadores solventes.
La tramitación judicial determinará el alcance de la revisión y los plazos de resolución. En función del pronunciamiento, la administración autonómica podría verse obligada a adaptar la normativa o a modular sus efectos en la planificación de la publicidad institucional. Mientras tanto, el sector permanece atento a un fallo que condicionará la relación entre los medios y la administración en materia de comunicación pública.
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