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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advierte a la Junta de que bonificar los peajes de las autopistas que atraviesan Castilla y León sólo a los usuarios recurrentes que estén empadronados en la Comunidad vulnera la legalidad comunitaria, que exige que las tarifas o descuentos en la red viaria se apliquen en condiciones de igualdad a la población.
Así lo aseguró hoy la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en una respuesta a dos diputados del Grupo Popular, Óscar Ramajo y Silvia Franco, durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, celebrada este martes en el Congreso de los Diputados.
En ese sentido, la secretaria general de Transporte Terrestre aludió a la “viabilidad jurídica” de la medida anunciada por la Junta que ha consignado una partida de diez millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 para bonificar a los castellanos y leoneses los peajes de la AP-6, AP-51 (Ávila-Madrid), AP-61 (Segovia-Madrid) y la AP-71 (León-Astorga), si bien también estudia extender los descuentos a la AP-66 (León-Asturias).
Al respecto, la secretaria general de Transporte Terrestre recordó al Gobierno autonómico que las normas y directivas europeas sobre la implantación de peajes o gravámenes por la utilización de infraestructuras viarias establecen, con carácter general, que las tarifas no deben discriminar por motivos de residencia o nacionalidad. Esto, añadió, se extiende también a las bonificaciones o descuentos, por lo que a su juicio la medida de la Junta contraviene los principios de no discriminación de la normativa de la Unión Europea.
De hecho, Rocío Báguena insistió en que condicionar una rebaja al empadronamiento podría vulnerar la legislación, si bien confió en que esto habrá sido valorado por la Junta antes de anunciar la bonificación. Además, recordó que este principio ha sido reiterado por la Comisión Europea al tratarse de un fundamento esencial que por lo tanto los estados deben respetar al implantar sus sistemas de tarificación.
Ante estas palabras, el portavoz del Grupo Popular en Transportes, Héctor Palencia, instó a la secretaria general de Transporte Terrestre a dirigirse a todas las comunidades que están bonificando los peajes a sus ciudadanos. De lo contrario, el diputado abulense sostuvo que todo lo dicho será “un bulo y una mentira”. Sin embargo, la representante del Ministerio le respondió que quien debe vigilar el cumplimiento de la legislación comunitaria no es Transportes, sino Europa.
Igualmente, Rocío Báguena aludió al “impacto” y “alcance real” de la medida de la Junta ya que consideró que diez millones de euros es una cantidad “muy pequeña” en relación a los ingresos que tienen las sociedades concesionarias por el cobro de peajes en la Comunidad, que señaló alcanzaron los 196,31 millones de euros en 2023, el último año consolidado. Por tanto, indicó que la partida contemplada por el Ejecutivo autonómico supone “únicamente” el cinco por ciento del importe total pagado.
Héctor Palencia afeó el “chiste” de la secretaria general con la partida prevista por la Junta, ya que señaló el Gobierno destina “cero” euros. “Si Mañueco lo hace mal, ¿cómo lo hace usted, su ministro y su presidente?", dijo para exigir un ”respeto" a quien quiere ayudar a los ciudadanos de Castilla y León para que no paguen un peaje que insistió debería haber terminado ya.
De la misma forma, precisó que los vehículos con descuentos por superar los 20 viajes recurrentes al mes ascendieron a 15.166 en 2024 en la AP-6 (1.100), AP-61, AP-51 (7.048) y AP-71 (7.018), si bien en las tres últimas se aplican otros para los usuarios que superen los diez tránsitos mensuales, por lo que la cifra total alcanza en esas tres autopistas los 42.732.
Liberalización de peajes
Por otra parte, el portavoz ‘popular’ en Transportes preguntó por qué el Gobierno no eliminó el peaje de la AP-6, AP-51 y AP-61 en noviembre de 2024 y lo mantiene hasta el año 2029, si bien recordó que España firmó con Europea en 2011, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, extenderlos siete años más, es decir hasta 2036. Además, Héctor Palencia denunció que no se facilite el expediente y los acuerdos suscritos. “¿Qué tiene que ocultar?”, dijo.
Rocío Báguena reconoció la “complejidad” de este asunto para indicar que la finalización del plazo previsto es 2029, según recoge el acuerdo del Consejo de Ministro de 20 de abril de 2020. Además, apuntó que la Administración General del Estado no ha adoptado decisión sobre el futuro modelo de gestión de la AP-6, AP-51 y AP-61. Por el contrario, el diputado Héctor Palencia insistió en que el Gobierno pretende extender los peajes siete años más, hasta 2036, para pagar el “coste del rescate” de estas autopistas.
Finamente, la secretaria general de Transporte Terrestre defendió que desde 2018 no se han prorrogado los peajes que han vencido en España y precisó que en el caso de la AP-66, que une Asturias y León, fue el gobierno del PP quien amplió la concesión en el año 2000 hasta 2050, cuando debería haber terminado en 2021.
