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El organismo identifica masas de agua subterránea potencialmente impactadas y anuncia una monitorización periódica específica para detectar compuestos asociados a fuegos forestales. Ecologistas en Acción solicita medidas adicionales y la revisión de aprovechamientos minero-acuíferos en tramitación.
El documento remitido por la CHD, a petición de Ecologistas en Acción, detalla las masas de agua subterránea potencialmente afectadas: La Tercia-Mampodre-Riaño (400001), La Babia-Luna (400002), Terciario Detrítico del Esla-Cea (400007) y La Maragatería (400012). En estas zonas, seleccionadas por su mayor vulnerabilidad y características hidrogeológicas, se llevará a cabo un programa de control extraordinario. La vigilancia se centrará en contaminantes característicos de postincendio, con especial atención a hidrocarburos aromáticos policíclicos y determinados metales, y se apoyará en puntos concretos de la red de control del estado químico identificados en las áreas quemadas.
La CHD advierte de que el impacto en las aguas subterráneas no es inmediato. Para que las sustancias asociadas a cenizas y materia orgánica alcancen los acuíferos es necesaria la recarga, condicionada por precipitaciones significativas y su infiltración a través del suelo y de la zona no saturada. Este comportamiento justifica un seguimiento sostenido en el tiempo para evaluar la evolución del estado químico y adoptar, en su caso, medidas adicionales de protección.
En paralelo, Ecologistas en Acción señala la resolución de la Dirección General de Minas, que descarta iniciar de oficio un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas de las Declaraciones de Agua Mineral otorgadas y la suspensión cautelar de las mismas. La organización ecologista califica de insuficiente este posicionamiento ante la magnitud de los siniestros y sus posibles repercusiones sobre los acuíferos.
El colectivo recuerda que en la provincia se tramitan dos proyectos de plantas embotelladoras que pretenden comercializar aguas del acuífero “La Maragatería”: la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y el manantial “La Borrazal” en Pobladura de la Sierra. Solicita a la Dirección General de Minas que tenga en cuenta el informe de la CHD y adopte medidas para impedir el aprovechamiento de aguas que, en la situación actual, no cumplirían las exigencias previstas cuando obtuvieron su Declaración de Agua Mineral Natural.
Quedan pendientes los resultados sucesivos de la monitorización extraordinaria, que permitirán evaluar con mayor precisión la extensión del impacto y la necesidad de actuaciones complementarias en las masas de agua subterránea señaladas.
