Bruselas amplía un año el plazo del cuaderno digital y ASAJA exige a España un aplazamiento indefinido

La Comisión Europea ha aprobado la ampliación del plazo para la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación agrícola, que pasa del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027. La medida, acordada en la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF), se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, relativo a la gestión digital de los productos fitosanitarios.

La decisión reconoce la dificultad del sector agrario europeo para adaptarse a la nueva herramienta digital y da respuesta a las reivindicaciones planteadas por las organizaciones agrarias. ASAJA ha destacado que el cambio representa un alivio temporal para los agricultores, aunque considera imprescindible que el Gobierno español adopte la prórroga de manera formal y promueva un aplazamiento indefinido de la medida.

La organización agraria recuerda que la aplicación del cuaderno digital requiere una infraestructura tecnológica que todavía no existe en buena parte del medio rural. Muchas explotaciones carecen de acceso a internet estable o de los conocimientos técnicos necesarios para gestionar la nueva herramienta, lo que genera una desigualdad evidente entre los productores. ASAJA subraya que la digitalización no puede convertirse en una carga burocrática adicional, especialmente para los agricultores de mayor edad o con menos recursos.

El cambio de postura de la Comisión Europea se produce tras meses de presión institucional y de trabajo dentro del Copa-Cogeca, donde ASAJA ostenta la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sanidad Vegetal a través de Miguel Minguet. Bruselas, que hace apenas medio año consideraba inviable el retraso, ha aceptado introducir una cláusula de flexibilidad que da a los Estados miembros margen para decidir la fecha de aplicación definitiva.

ASAJA considera este paso una oportunidad para revisar en profundidad el contenido del reglamento, cuya implementación en España se ha planteado con una complejidad excesiva y con exigencias administrativas difíciles de asumir. La asociación insta además a las comunidades autónomas a trasladar al Gobierno central la necesidad de defender en Bruselas la posición del campo español, garantizando una transición digital realista, equitativa y adaptada al medio rural.