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Vecinos de distintas zonas rurales denuncian que la suspensión del servicio postal impide recibir a tiempo documentos que requieren plazos estrictos, como multas o citaciones. La situación afecta especialmente a quienes dependen del correo para gestiones administrativas y sanitarias, lo que está ocasionando quejas generalizadas por los perjuicios acumulados en las últimas semanas.
La falta de cobertura de bajas y vacaciones de personal ha sido señalada como el origen del problema. Sin la incorporación de sustitutos, las rutas rurales han quedado desatendidas durante periodos prolongados, dejando a numerosos municipios sin un servicio básico. Todavía no ha trascendido cuántas localidades en concreto están afectadas ni el número de usuarios perjudicados.
Más allá de las notificaciones oficiales, la carencia de reparto impacta también en un servicio adicional que los carteros rurales prestan en muchos pueblos: la entrega de efectivo. Tras el cierre progresivo de sucursales bancarias en la provincia, estos trabajadores han asumido un papel esencial para garantizar el acceso a dinero en metálico a personas mayores o con dificultades de movilidad. La ausencia de reparto interrumpe también esta función, incrementando la sensación de aislamiento en zonas especialmente despobladas.
La falta de previsión en la organización del servicio postal no es un problema nuevo, pero se ha agravado en los últimos años en las áreas rurales, donde la reducción de personal se suma a la creciente demanda de servicios. A ello se añade el peso de la despoblación, que deja a muchos pueblos sin alternativas viables cuando Correos no cumple con la distribución.
Colectivos vecinales y responsables locales insisten en que la continuidad del reparto postal es una cuestión de igualdad territorial y de acceso a derechos básicos, al tratarse de un servicio público que garantiza la comunicación y la integración de los municipios más pequeños. Mientras tanto, en varias localidades de León, el buzón continúa vacío desde hace semanas.
