Los trabajadores de Villahierro se concentrarán mañana a las puertas de la prisión tras la “brutal agresión” a una funcionaria en Sevilla

La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Acaip, convocó hoy una concentración para mañana, martes 15 de julio, a partir de las 10.30 horas, a las puertas del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), conocido como Villahierro, tras la “brutal agresión sexual” a una psicóloga en la prisión de Sevilla II, situada en Morón de la Frontera.
Este acto se enmarca en una protesta que se llevará a cabo en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras los “graves hechos” ocurridos el pasado 8 de julio en el Centro Penitenciario de Sevilla II, “donde una psicóloga del centro fue agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, que permanecía, inexplicablemente, en un módulo de respeto”.
Acaip quiso dejar claro que lo ocurrido “no se trata de un incidente aislado”, ya que “en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios”, por lo que consideraron “urgente” tomar medidas, ya que “en los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, con más de 1.000 en los últimos dos años”.
Ante esta “escalada de conflictividad”, Acaip exigió una respuesta “eficaz e inmediata” por parte de la administración, “la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios”.
“Estos hechos reflejan un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior buenista, que busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa”, aseguraron, convencidos de que “rolerarlo es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro”.