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El sindicato ha detallado que los casos más preocupantes se han detectado en centros ubicados en Salamanca, Ponferrada y Miranda de Ebro, donde se han documentado episodios de malos tratos, mala alimentación y condiciones de habitabilidad inadecuadas. Entre las prácticas denunciadas figura la realización de obras de albañilería mientras los usuarios permanecen en el centro, lo que genera ruido, polvo y un entorno poco apto para personas vulnerables, con posibles consecuencias en su salud física y emocional.
En este contexto, la organización ha exigido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una revisión a fondo del sistema de inspecciones, destacando que muchas visitas son anunciadas previamente, lo que facilita ocultar deficiencias. También han pedido un endurecimiento de los controles y la clausura de aquellos centros que acumulen sanciones por infracciones reiteradas.
La denuncia de CCOO pone de relieve una problemática que se repite en otras zonas de Castilla y León, como en la residencia de Vegaquemada, gestionada por la Fundación CEPA. En este centro, familiares y trabajadores han señalado desde hace meses la escasez estructural de personal, especialmente en turnos clave, con consecuencias en la atención diaria y el bienestar de los residentes. La situación se ha mantenido sin una solución estable, pese a la responsabilidad directa de la fundación en garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de asistencia y cuidados.
La Federación también ha instado a las autoridades a implementar medidas preventivas ante las altas temperaturas previstas durante el verano, recordando que las personas mayores son especialmente vulnerables a los golpes de calor y otros efectos derivados de la climatología extrema.
CCOO subraya que no se trata de casos aislados, sino de un patrón que afecta a distintas provincias y centros de titularidad diversa, lo que, a su juicio, requiere una intervención decidida por parte de la Junta. La demanda sindical se centra en asegurar un modelo de atención digno, profesionalizado y sometido a controles eficaces, donde los derechos de las personas mayores no queden supeditados a la rentabilidad o a la desidia institucional.
