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El Colegio de la Abogacía de León mostró este lunes su “rotundo rechazo” a la previsión de ampliar a finales de año la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León a los partidos judiciales de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún, lo que centralizaría en la capital a todos los procedimientos por violencia de género, lo que “alejaría a la justicia de las víctimas más vulnerables”.
El decano del Colegio, Fernando Rodríguez Santocildes, que además es el presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las mujeres del Consejo General de la Abogacía Española, consideró que, además de “ineficaz”, la medida es “profundamente injusta”, ya que “obliga a muchas víctimas a desplazarse decenas de kilómetros en momentos de extrema vulnerabilidad y con medios de transporte en muchos casos inexistentes”.
A su juicio, la reforma “vulnera los principios de inmediación y proximidad”, a los que aludió como “pilares esenciales” en este tipo de procesos judiciales, de forma que advirtió que la reforma “no solo incrementará la revictimización y las desigualdades territoriales, sino que puede incluso disuadir la interposición de denuncias”.
“La justicia debe estar cerca, no lejos, especialmente cuando hablamos de proteger a quienes ya están en situación de riesgo”, remarcó el decano, quien también puso en duda la viabilidad de realizar declaraciones y diligencias judiciales por videoconferencia como solución alternativa, ya que “además de privar al órgano judicial de la inmediación, a día de hoy no existe infraestructura técnica ni personal suficiente en las oficinas municipales de justicia para garantizar un mínimo de calidad en la atención”.
El decano del Colegio de la Abogacía de León también alertó de la posibilidad de que la centralización pueda “romper el principio de unidad de defensa”, ya que “dificultaría que el abogado del turno de oficio designado inicialmente en el partido judicial donde se formula la denuncia pueda asumir todos los procedimientos vinculados a la víctima”.
Rodríguez Santocildes recalcó que “todos los partidos judiciales de la provincia cuentan con profesionales de la abogacía cualificados y formados específicamente en violencia sobre la mujer”, de manera que “si la especialización ya está funcionando, no se necesita desmantelarla”.
Finalmente, lamentó la falta de diálogo institucional, ya que “ni se ha consultado a los operadores jurídicos ni se ha hecho una evaluación de impacto que tenga en cuenta la realidad de la España rural”. Por ello, el Colegio de la Abogacía de León reclamó la paralización inmediata de esta medida y exigió que cualquier cambio en la planta judicial tenga como prioridad la accesibilidad, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas.
