Ecologistas en Acción cuestiona la legalidad y la viabilidad del proyecto de Reolum, que une ambas localidades con gasoductos y millones de euros públicos en juego.
Provincia17 de junio de 2025
RML
Ecologistas en Acción ha encendido las alarmas ante la tramitación exprés del “Proyecto Regional Villadangos Green”, promovido por el grupo empresarial Reolum y amparado por la Junta de Castilla y León. La organización ha presentado alegaciones contra este megaproyecto que incluye una planta de hidrógeno de 200 MW, una fábrica de metanol con una capacidad anual de 140.000 toneladas y dos gasoductos de más de 36 kilómetros, destinados a conectar esta instalación con el “Proyecto Regional La Robla Green”, ya autorizado previamente.
Ambos proyectos, a juicio de los ecologistas, se escudan en la figura del Proyecto Regional para sortear licencias municipales, modificar el planeamiento urbanístico, acelerar los trámites y proceder a expropiaciones forzosas. En este caso, cerca de 300 fincas rústicas —algunas con protección ambiental y en Montes de Utilidad Pública— se verían afectadas en ocho municipios.
La organización denuncia la opacidad y la escasa información técnica: no se acredita ni el destino del metanol producido, ni la viabilidad de su proceso productivo, ni el balance de materia, energía y agua. Tampoco hay justificación sobre la disponibilidad de los más de 2,5 hectómetros cúbicos anuales que requiere la planta, ni informes de la CHD o del Ayuntamiento que avalen su sostenibilidad hídrica.
El proyecto depende además del CO₂ capturado en la central de biomasa de La Robla —también promovida por Reolum— cuyo suministro de materia prima tampoco está garantizado. La tecnología que se pretende emplear es considerada “inmadura y poco eficiente”, con tasas de retorno energético muy bajas y sin garantías sobre los riesgos de almacenamiento de sustancias peligrosas como el hidrógeno o el metanol, que estarían sujetas a la Directiva Seveso.
Para Ecologistas en Acción, se trata de un ejemplo más de especulación verde, disfrazado de sostenibilidad para captar fondos públicos sin un respaldo técnico o ambiental real. El “tándem delirante” entre Villadangos y La Robla, concluyen, poco tiene de ecológico y mucho de burbuja impulsada por intereses privados y complicidad institucional.
Se han fijado tres líneas de ayuda: para la adquisición y edificación de vivienda, con una cuantía de 215.000 euros; para la rehabilitación y reforma, con 75.000 euros de crédito, y para el alquiler, con 95.000.
El Procurador del Común ha comunicado la inclusión del Ayuntamiento de Boñar en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras tras reiterar la petición de información y constatar falta de respuesta. En paralelo, el pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre (celebrado al amanecer y sin la publicidad que exige el procedimiento administrativo) aprobó por unanimidad de los asistentes suprimir de futuras actas las intervenciones del público “ajenas al contenido estrictamente plenario”, una decisión que reduce la huella escrita de la crítica vecinal.
Se han fijado tres líneas de ayuda: para la adquisición y edificación de vivienda, con una cuantía de 215.000 euros; para la rehabilitación y reforma, con 75.000 euros de crédito, y para el alquiler, con 95.000.
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