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La Jefatura Central de Tráfico (JCT), organismo autónomo adscrito al Ministerio del Interior, y la Consejería de Economía y Hacienda han firmado un convenio para modernizar y simplificar los trámites administrativos relacionados con la compraventa de vehículos. El acuerdo, rubricado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, establece un intercambio de información por medios telemáticos que beneficiará directamente a los contribuyentes y a las empresas en la Comunidad.
El objetivo del acuerdo, según se explica desde la Delegación del Gobierno, es mejorar la integración y coordinación electrónica entre ambas administraciones, para conseguir en un futuro próximo, la transmisión de un vehículo sin necesidad de desplazarse a los servicios tributarios de la Junta de Castilla y León.
Desde este momento no es necesario que los contribuyentes que transmitan un vehículo acudan a las oficinas tributarias de la Junta de Castilla y León ya que podrán liquidar el tributo de forma telemática por la Oficina Virtual.
Una vez que se haya cumplido la obligación tributaria la Consejería de Hacienda comunicará inmediatamente a la Jefatura Central de Tráfico por medios telemáticos que se han cumplido las obligaciones fiscales relativas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones exigidas para el cambio de titularidad.
La DGT, a su vez, solo tramitará el cambio de titularidad si ha recibido este informe favorable del órgano autonómico, sin necesidad de que el interesado presente justificación documental alguna.
Se estima que se beneficiarán más de 82.000 ciudadanos, teniendo en cuenta las autoliquidaciones presentadas en año anterior. Se refuerza así el compromiso de la Junta con la simplificación administrativa y se aporta una mayor garantía en la protección de datos de carácter personal, facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de forma ágil y eficaz.
La vigencia del convenio será de cuatro años, prorrogable por un periodo adicional de hasta cuatro años, y su seguimiento y coordinación se realizará a través de una Comisión Mixta. Por otra parte, el desarrollo del convenio no causa gastos ni contraprestaciones económicas a ninguna de las partes.
