El Gobierno responde con ambigüedad a las exigencias europeas sobre la protección del Llionés

Estas recomendaciones instan a las autoridades españolas, en todos los niveles de gobierno, a tomar medidas urgentes para proteger lenguas regionales y minoritarias como el amazigh, aragonés, catalán (denominado valenciano en la Comunidad Autónoma de Murcia), darija y leonés, así como sus respectivas culturas en diversas comunidades autónomas y ciudades autónomas.

A pesar de la obligación legal derivada de la ratificación por parte de España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en 2001, y de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, no se han implementado acciones concretas para la protección del leonés. Se señala que ni el Gobierno central, ni la Junta de Castilla y León, ni las autoridades locales han tomado medidas suficientes, evidenciado por la ausencia del leonés en medios de comunicación públicos y la falta de respuesta a las solicitudes de organizaciones privadas para su promoción y protección.

Además, se destaca que la respuesta del Gobierno fue emitida por el Ministerio de Cultura, cuando las competencias en esta materia corresponden al Ministerio de Política Territorial, lo que demuestra una falta de planificación y compromiso real con la protección del leonés.

La fecha límite establecida por el Consejo de Europa para la adopción de medidas concretas es el 1 de febrero de 2026. Sin embargo, se advierte que, hasta la fecha, las administraciones continúan sin una planificación efectiva para la recuperación lingüística del leonés, recurriendo únicamente a políticas simbólicas y cosméticas.

Se hace un llamado a todas las administraciones públicas a cumplir con sus obligaciones constitucionales y a implementar acciones efectivas para evitar la desaparición progresiva de este patrimonio inmaterial lingüístico.