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La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias denunció hoy que en los últimos cinco años se han decomisado un total de 130 teléfonos móviles en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), conocido como Villahierro, 37 de los cuales fueron requisados durante el pasado año.
El sindicato explicó que los teléfonos móviles son “uno de los objetos más codiciados en prisión”, por lo que se ha generado “un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno”. Así, entre 2020 y 2024 “se incautaron un total de 130 terminales en el centro penitenciario de León. Además, en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el número ascendió a 12.882, mientras solamente durante el pasado año se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 37 fueron requisados en la prisión provincial”.
Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como “condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad”. De esta forma, el acceso a los teléfonos “no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia”.
Por su parte, los funcionarios de prisiones deben hacer frente a ello “con medios claramente insuficientes y manifiestamente mejorables”, a pesar de que los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, “escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados”. Esto obliga a llevar a cabo “requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal”, algo que “hoy en día no se garantiza en el Centro Penitenciario de León debido, entre otras, a la alarmante falta de personal denunciada en numerosas ocasiones por Acaip”.
Además, desde la agrupación alertaron del surgimiento de nuevos métodos de introducción que “suponen una grave amenaza para la seguridad”, como son los drones, cuya capacidad para sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión “los convierte en vectores de riesgo casi indetectables y capaces de burlar las defensas actuales de los centros”. Frente a ello, consideraron que “es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad”.
"La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario”, resaltaron desde Acaip, convencidos de que “la lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros”.
