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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció este martes la falta de la mitad del personal de enfermería en el Centro de Referencia Estatal para la atención de grandes dependientes de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, “lo que compromete la calidad de su atención sanitaria y coloca a los residentes en una posición de vulnerabilidad inaceptable”.
Según los datos aportados por el sindicato, a pesar de que el centro cuenta con una plantilla orgánica de diez enfermeras, en realidad solo hay cinco en activo, “lo que representa un déficit insostenible que hace imposible que los turnos tengan los profesionales suficientes”.
Además, señalaron que la implantación, según palabras de la dirección del centro, de un nuevo modelo de perfil de atención, de socio-sanitario a asistencial, “lejos de suponer una mejora, está generando un profundo malestar entre los trabajadores y familiares, al pretender reorganizar funciones sin antes asegurar los recursos humanos necesarios”.
Así, la carencia de enfermeras en numerosos turnos, que CSIF denuncia ante la propia dirección desde hace meses, ha provocado que las auxiliares de enfermería tengan que realizar ciertas tareas sanitarias “para las que no tienen competencias ni titulación adecuada, generando en ellas una presión desproporcionada”.
Ante esta situación “inasumible e inadmisible”, CSIF ha solicitado reuniones y ha intentado abrir vías de diálogo en reiteradas ocasiones, “pero los responsables del centro han hecho oídos sordos negándose a ofrecer soluciones reales o compromisos concretos”. Asimismo, la organización sindical rechazó las “excusas habituales ofrecidas”, de que no es posible la cobertura o que no se encuentran enfermeras, al tratarse de “justificaciones que encubren la falta de planificación y de voluntad para abordar el problema con seriedad”.
Por otro lado, CSIF reclamó que se garantice la cobertura legal de los trabajadores afectados por la aplicación de protocolos “ambiguos y poco operativos” en ausencia personal de enfermería, ya que ello está propiciando “una situación de vulnerabilidad para los auxiliares”. Debido a esos protocolos, al no definirse claramente las funciones de cada categoría, “o por el afán de dar cobertura a todas las necesidades asistenciales o sanitarias sin contar con recursos personales suficientes”, hay profesionales que se ven obligados a asumir tareas que no les corresponde, lo que “no solo pone en riesgo la calidad de la atención asistencial, sino que expone a los trabajadores a posibles responsabilidades legales”e.
Además, advirtieron que “las bajas y las vacantes por concursos de traslado no se cubren”, mientras que “las convocatorias de empleo son insuficientes”. Por ello, exigió a los responsables competentes, es decir, el Imserso y el Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 20230, que actúen con urgencia y responsabilidad, procediendo de inmediato a la cobertura de los puestos vacantes.
