El Sindicato de Estudiantes de CyL denuncia ataques contra su organización por la convocatoria de manifestación del 7M.

Institutos como el IES Trinidad Arroyo (Palencia), el IES Núñez de Arce (Valladolid), el IES Zorrilla (Valladolid) y el IES Obispo Argüelles de Villablino (León), entre otros, están incurriendo en prácticas que atentan directamente contra los derechos fundamentales de las y los estudiantes. 

Estas situaciones  han sido puestas en conocimiento de la Consejería de Educación de Castilla y León. Sin embargo, la falta de acción y respuesta por parte de la administración demuestra una vez más su negligencia y desinterés por garantizar los derechos del estudiantado. 

Tras este comunicado de prensa, afirman que la consejera de Educación, María del Rocío Lucas Navas, ha continuado actuando de manera negligente, permitiendo la violación de derechos tan básicos como el derecho a huelga y el derecho de reunión. Esta actitud dicen que no es nueva, ya que, de manera sistemática, lleva dos meses consecutivos incurriendo en una evidente dejación de sus funciones. 

Desde el Sindicato de Estudiantes reiteran que cualquier violación de los derechos estudiantiles será señalada de manera contundente. Asimismo, exigen la destitución inmediata de la consejera de Educación de Castilla y León, María del Rocío Lucas Navas, por su negligencia y dejación de funciones. 

Sobre el caso de la excursión franquista organizada por el IES Núñez de Arce al Valle de Culegamuros no esta ni cerca de finalizar. 

El pasado mes de febrero, la consejera de Educación, María del Rocío Lucas Navas, aseguró de manera firme en sede parlamentaria (Cortes de Castilla y León) que la única información que habían recibido sobre el caso Núñez de Arce se limitaba a dos imágenes publicadas en la red social Instagram por el propio centro de estudios. 

Desde el Sindicato de Estudiantes señalan que esta información es totalmente falsa. Su organización ha facilitado, en todas y cada una de las instancias y denuncias, imágenes que, a día de hoy, no han sido publicadas. De hecho, en todos los registros realizados de manera telemática, figura el anexo de 4 imágenes que respaldan nuestras denuncias. 

Asimismo, se han realizado afirmaciones tales como que no han existido cánticos franquistas, incluso tras la publicación en nuestra página web de un audio grabado por una persona que se encontraba en la excursión. Este hecho demuestra la falta de rigor y la desinformación que se está propagando desde ciertas instancias.  

Además, el sindicato se ve en la obligación de señalar otra de las incontables negligencias y encubrimientos por parte de la consejera de Educación de Castilla y León, esta vez en relación con la agresión sufrida por nuestro portavoz regional. 

Durante el proceso de denuncia de los hechos ocurridos en el centro de estudios de Palencia, CPrFP La Salle Managua Palencia, la Consejería de Educación afirmó, pocas horas después de conocerse la denuncia, que no había tenido lugar ninguna agresión. Sin embargo, horas después de este comunicado, el propio centro de estudios emitió otro en el que reconocía la existencia de incidentes graves, la toma de medidas disciplinarias contra los autores y el inicio de una investigación exhaustiva. Esta contradicción evidencia la falta de coordinación y transparencia en el manejo del caso. 

Todos estos acontecimientos no nos han dejado más remedio que exigir formalmente la destitución de la consejera de Educación de Castilla y León, María del Rocío Lucas. Su gestión negligente y su falta de transparencia han demostrado ser incompatibles con el cargo que ocupa. 

Asimismo, han afirmado que la denuncia interpuesta ya ha sido recibida y tramitada en sede judicial.  

En los próximos días, su portavoz regional, Víctor Martínez Morillo, deberá testificar en sede judicial en calidad de víctima. Sin embargo, no solo se señalará judicialmente a los agresores pertenecientes a grupos ultra, sino también al docente que se mantuvo dentro del aula durante las agresiones, a la dirección del centro y, a título particular, a la propia consejera de Educación. 

Además, han anunciado que, desde el Sindicato de Estudiantes, se encuentra investigando una presunta trama de corrupción dentro de la Junta de Castilla y León, relacionada con el programa de salud mental y prevención del suicidio. Este caso podría revelar graves irregularidades que exigen una investigación rigurosa y transparente.