La organización ambiental presenta alegaciones al plan regional de la Junta sobre un proyecto que asegura no cuenta con los informes necesarios.
Provincia18 de febrero de 2025
RML
Ecologistas en Acción de León denuncia en sus alegaciones que las plantas de biomasa y biogás que promueve la Junta en Puente Castro (León) son "insostenibles" en términos económicos y ambientales, ya que además recordó se pretenden ubicar sobre suelo “rústico protegido”.
Según informa la organización en un comunicado, se incumple la legislación ambiental y urbanística en el procedimiento iniciado por la Junta para autorizar, como ‘proyecto regional’, la construcción de una central térmica de 88 megavatios que usará biomasa forestal para suministrar agua caliente a la ciudad de León; una planta de biogás donde se tratarán los residuos orgánicos del municipio; y una planta para producir hidrógeno (de uso y destino desconocidos) que consumirá agua del abastecimiento urbano.
Asimismo, el plan indica que conllevará una inversión de 66 millones de euros (más IVA y beneficio empresarial) y que será cofinanciado por la UE con fondos Next Generation, pero Ecologistas criticó que no se precise la cuantía de las subvenciones europeas, ni el porcentaje que habrá que devolver con intereses. También aseguró que se desconoce el gasto de dinero público que asumirán respectivamente la Junta y el Ayuntamiento. “Sin conocer las condiciones de financiación, resulta inverosímil la aceptación de las pretensiones de Somacyl por parte del Ayuntamiento de León”, agregó.
Igualmente, consideró “sorprendente” que, transcurridos más de tres años desde la solicitud inicial de Somacyl, no se aporten estudios de mercado sobre la demanda real de la red de calor. “Ni siquiera se han hecho encuestas a la población, y no consta padrón inicial de usuarios. O sea, la actividad principal de este plan no está justificada en términos de viabilidad económico financiera. Circunstancia que consideramos muy preocupante, teniendo en cuenta que la documentación necesaria para acreditar y justificar el alcance de las actividades industriales que se proyectan, a nivel constructivo, funcional y económico, no ha pasado por el Pleno”, señaló.
En cuanto al impacto ambiental, rechazó la construcción de grandes instalaciones de combustión (como la central de biomasa propuesta) y actividades industriales potencialmente contaminantes en las que intervienen sustancias peligrosas (plantas de hidrógeno y biogás) especialmente cuando se sitúan cerca de zonas habitadas, como el barrio de Puente Castro. “Provocarán molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes (benzo pireno, metales pesados, partículas...), efectos negativos que se verán incrementados por el incesante trasiego de camiones”, apostilló.
También censuró el “enorme” consumo (128.000 toneladas al año) de astillas forestales de madera y leña de la central de biomasa funcionando al máximo rendimiento, ya que consideró que es “totalmente inaceptable” que se trámite la autorización de este proyecto sin que se faciliten estudios de disponibilidad del recurso, y planes de aprovechamiento para poder evitar la sobreexplotación de los montes y ecosistemas afectados.
Por otra parte, el plan consumirá 35.290 (metros cúbicos al año) de agua que se tomará del abastecimiento municipal. Sin embargo, advirtió de que no constan informes avalados por el Pleno, que aseguren que esa demanda de agua no incidirá negativamente en el suministro a la población y especialmente al barrio de Puente Castro, donde se realizará la toma. “Sin informes favorables de SALEAL y CHD tampoco hay garantías del funcionamiento correcto de la EDAR, que recibirá las aguas residuales industriales del PR, ni del mantenimiento de la calidad de las aguas receptoras del río Bernesga”, agregó.
Por ello, sentenció que “no es de recibo que las autoridades locales permitan la intromisión de la Junta en la facultad de ordenación de la ciudad, y deleguen en la Consejería de Medio Ambiente las competencias que corresponden al municipio, legítimo gestor de los intereses locales”. Además, arremetió contra el “leonesismo impostado” de las autoridades locales y su “vasallaje real” a los intereses de la Junta.
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