El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, ha aprobado una subvención de 32.732.462 euros para los centros conveniados adheridos a la oferta gratuita de plazas de Educación Infantil para niños de cero a tres años durante el curso 2024-2025.
CyL29 de agosto de 2024
RML
En total, 266 centros recibirán financiación. Esta subvención se une a la aprobada la semana pasada de más de 26,4 millones para 178 centros cuya titularidad la ostentan entidades locales, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
La Consejería de Educación ha registrado 10.521 solicitudes para el tercer curso de Infantil, 7.566 para el segundo y 1.746 para el primero.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico extiende la educación gratuita: el próximo curso las familias de los escolares de 1 del primer ciclo de Educación Infantil, es decir, aquellos entre 0 a 1 años, no tendrán que abonar ningún pago. Se suman así a los de 1 a 3 años cuya matrícula ya fue gratuita los dos cursos pasados.
Para garantizar la prestación de dichos servicios, ha señalado Carriedo, la Consejería de Educación ha ofertado plazas en centros públicos y conveniados de la Comunidad.
Esta colaboración se articula a través de la concesión de una subvención por importe de 32.732.462 euros a los centros conveniados adheridos a la oferta gratuita de plazas de 0-3 años para el curso escolar 2024-2025. Gracias a esta financiación, los centros harán frente a los gastos de escolarización del alumnado.
Esta subvención se une a la de 26.401.315 euros aprobada la semana pasada para los centros adheridos a la oferta gratuita de plazas de 0-3 años cuyos titulares son entidades locales.
De esta forma, la Junta aportará para el próximo curso 59.133.777 euros para que los centros puedan ofertar educación gratuita de 0 a 3 años. Así, uniendo los centros gestionados por la Junta de Castilla y León, las familias de la Comunidad han podido elegir plaza entre 632 centros públicos y conveniados. La Consejería de Educación ha registrado 10.521 solicitudes para cursar tercer curso de Infantil, 7.566 para segundo y 1.746 para primero.
La educación gratuita de 0 a 3 supondrá para las familias un ahorro de 2.000 euros por escolar, con una inversión por parte de la Junta de Castilla y León de 64 millones de euros solo en 2024, financiados exclusivamente con fondos autonómicos.
Un camión sufrió una salida de vía a las 05:20 horas en la A-6, a la altura del kilómetro 370, en sentido A Coruña, dentro del término municipal de Bembibre. El vehículo cayó por un talud de unos cinco metros y su conductor, un hombre de 59 años, resultó ileso.
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama que Adif acometa en 2026 una adecuación integral de la estación de León para corregir deficiencias que afectan a la accesibilidad y a la seguridad de los viajeros. El grupo municipal sostiene que el edificio, concebido como provisional, se ha consolidado como definitivo y no responde al volumen real de tráfico que soporta.
La Guardia Civil investiga a un hombre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra del Vino por presunto maltrato animal tras detectar falta de cuidados en un núcleo zoológico con 19 perros. La actuación se centra en posibles incumplimientos sanitarios y administrativos que afectaban a varios animales.
Agricultores se movilizaron con sus tractores en distintos puntos de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La protesta se desarrolló en enclaves como la zona de Aranda de Duero, Matallana de Valmadrigal, San Esteban de Gormaz, Becilla de Valderaduey, Traspinedo y Castrogonzalo, entre otros.
La pensión media en Castilla y León alcanzó a 1 de diciembre los 1.318,94 euros tras crecer un 4,5% interanual, en una cuantía muy próxima a la media nacional. En la Comunidad se contabilizaron 636.313 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Castilla y León se incorporará en el primer semestre de 2026 a la receta electrónica concertada de Muface, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana. La medida permitirá completar el despliegue del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem) y extenderlo a todos los mutualistas residentes en España.
El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de "desconocimiento" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba.
La reunión convocada este viernes en Villamanín (León) para aclarar qué ocurrió con diez décimos del Gordo no consignados ha arrancado con unas 300 personas en el Hogar del Pensionista y con posturas enfrentadas. La Comisión de Fiestas plantea que cada papeleta premiada asuma un recorte del 6% para cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
Villamanín afronta una crisis interna tras detectarse un desfase en la venta de participaciones del Gordo de Navidad: un bloque de papeletas premiadas no tendría décimos asociados. La incidencia afecta a 50 papeletas del número agraciado y ha dividido a los compradores entre quienes buscan una solución pactada y quienes exigen responsabilidades por una gestión que pudo ser irregular.
La comisión de fiestas de Villamanín ha comunicado a los agraciados su disposición a ceder íntegramente el premio que le corresponde del Gordo de Navidad para ayudar a cubrir el desfase generado por diez décimos no consignados. Tras una reunión de más de tres horas, se perfila un principio de acuerdo que incluye una retención del 10% por papeleta y el depósito de las cantidades en el juzgado, con un reparto posterior si no hay reclamaciones.
Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.