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La operación se inició cuando el Instituto Armado detectó la llegada de vehículos procedentes del Reino Unido al Puerto de Santander (Cantabria) con destino al desguace ubicado en la localidad pontevedresa.
Por tal motivo, la Guardia Civil estableció contactos con la Unidad de Tráficos Ilícitos, Salud y Medioambiente de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
RESIDUOS PELIGROSOS.
Tras las pesquisas se pudo comprobar que, en cinco años, el desguace había recibido más de 5.000 vehículos, tanto de procedencia extranjera como nacional, a los que se había realizado una mínima recuperación de los fluidos de los aires acondicionados, hecho que constituye un delito al tratarse de residuos peligrosos que deben ser obligatoriamente recuperados y entregados a un gestor autorizado.
El Seprona pudo comprobar en el propio desguace la existencia de vehículos con el certificado de destrucción y descontaminación, que no habían sido descontaminados en su totalidad y permaneciendo con diferentes residuos como aceites, líquidos de frenos, fluidos de aire acondicionado.
Estos fluidos (tetrafluoroetanos) al contacto con el aire se volatilizan con una capacidad de permanencia en la atmósfera de 14 años, lo que unido a sus características hacen que este tipo de gas forme parte de los que generan la problemática del calentamiento global.
Se han practicado seis registros en domicilios, desguace y nave, donde se ha encontrado numerosa documentación relacionada con la operación, la cual está siendo analizada.
NAVE AGRÍCOLA CON MÁS DE 4.000 NEUMÁTICOS USADOS.
Parte de los componentes de los vehículos gestionados por el desguace eran tramitados mediante venta online, y algunos procedían de una nave agrícola en la que se localizaron más de 4.000 neumáticos usados, cuyo origen se supone que era del desguace investigado.
El propietario de la nave no contaba con autorización para el almacenamiento y venta de los neumáticos, lo que unido a que la propiedad se encuentra en un entorno forestal, se considera un riesgo como consecuencia del gran volumen de neumáticos almacenados.
La fase de explotación de la operación, desarrollada la semana pasada en las provincias de Pontevedra y León, se saldó con siete detenidos y cinco investigados a los que se les imputan presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad de los certificados de destrucción y descontaminación de vehículos, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y pertenencia a grupo criminal.
Los vehículos destinados a desguace procedentes del Reino Unido deben contar con las comunicaciones y los permisos pertinentes de las autoridades medioambientales de España para poder llevar a cabo los traslados transfronterizos de residuos.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Villagarcía de Arousa (Pontevedra), e impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra. Durante la explotación de la operación se contó con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra y León.
