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Según señala la asociación a través de un comunicado, el informe que analiza tres leyes de Concordia aprobadas por gobiernos de VOX y el Partido Popular en Castilla y León, Valencia y Aragón señala las "amenazas que pueden suponer esas legislaciones autonómicas para el acceso de las víctimas al conocimiento de la verdad y el deterioro democrático y en materia de derechos humanos el blanqueamiento de la dictadura".
Sobre la ley de Castilla y León detalla que el proyecto de ley "no facilitaría la participación, ni otorgaría un rol consultivo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil".
La segunda parte del informe va dirigida al Gobierno central. Le recuerda que las víctimas de la desaparición son "tanto a la persona desaparecida como a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada". "Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, que os Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada y que los derechos a la reparación incluyen, entre otros, la restitución y las garantías de no repetición", recoge en su comunicado la Asociación.
El informe le recuerda al Gobierno de España que "no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones".
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido del franquismo en España identificado por una prueba genética "la mejor forma de combatir las leyes de falsa concordia es abrir las puertas de los juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos tan graves porque la justicia es la mejor política de memoria", concluye.
