PSCyL denuncia "el boicot" de la Junta que deja "a más de 18.000 familias" sin ayudas al autoconsumo eléctrico

"Más de 18.000 familias se van a quedar con la inversión hecha en sus casas en placas solares y sin las ayudas en sus domicilios, haciéndoles un roto en su economía que seguramente tendrán que soportar durante varios años, porque, desgraciadamente, en las familias de Castilla y León, como en las del resto de España, el dinero no sobra", ha asegurado hoy el portavoz socialista de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en las Cortes, José Luis Vázquez.

El procurador socialista, que ha comparecido ante los medios para analizar la gestión del Ejecutivo autonómico en este apartado, ha iniciado su intervención denunciando lo que para él es "una realidad", que la Junta "del PP y Vox" han incorporado a Castilla y León el "colapso definitivo".

Un "colapso" que les convierte en "negacionistas" al no sumarse a esa segunda ampliación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado para la instalación de placas solares y cuyo plazo concluye este jueves.

A día de hoy, Vázquez ha avanzado que de las "más de 23.000 familias" que han solicitado esas ayudas, "solo 5.000" la tienen reconocida. "Es decir, dentro de dos semanas --el 31 de diciembre concluye el plazo de tramitación de ayudas-- más de 22.000 familias se van a quedar sin haber recibido las ayudas que el Gobierno de España gestionó a través de los fondos europeos y que tenía que tramitar la Junta porque tiene colapsada a la propia Administración. Una Junta que se suma a ese boicot que otras diez Comunidades Autónomas están haciendo al Gobierno de España en esa segunda entrega", ha añadido.

Al hilo de estas palabras, y después de recordar que el PSCyL ya había alertado de esta situación y había preguntado por ella en dos sesiones de control al Gobierno, la última el pasado 7 de noviembre, Vázquez ha incidido en que el "boicot que desde la incompetencia ejerce la Junta no lo hace al Gobierno de España, ni siquiera a la necesaria transición energética", lo "ejerce" a los "castellanos y leoneses".

"Es un boicot definitivo, flagrante y de frente a los castellanos y a los leoneses a los que les incita a solicitar una ayuda que no van a recibir. Es inadmisible por más tiempo que esto quede de esta manera, que quede sin ser denunciado", ha espetado.

Vázquez ha recordado que el Gobierno de España ha destinado ya 37 millones, 27 en un primer momento y 9,4 millones en una ampliación, y que ahora, esas "más de 18.000 familias" se van a ver sin poder acceder a ese dinero cuando las inversiones en cada hogar podían llegar hasta los "8.000 euros", según ha cifrado el procurador socialista que, mantiene, que el dinero al que renuncia ahora la Junta por su "boicot" es de unos "nueve o diez millones".

"El problema es la Junta del Partido Popular y de Vox, que ha desmantelado a la Administración, desproviéndola de personal suficiente para la tramitación de estas ayudas. El personal más cualificado de toda España, pero absolutamente desmotivado y desbordado y que está llevando a una situación de colapso definitivo también en la tramitación de las ayudas de estos 37 millones que ya tiene asignados la Junta para esas 23.000 familias, de las cuales, solamente 5.000 han visto reconocido ese ingreso", ha reiterado.

Por último, ha respondido a las críticas que la Junta ha hecho de estas ayudas al asegurar que "plantean graves obstáculos para los solicitantes, tanto particulares como empresas, debido a que para acceder a ellos se plantean restricciones o condiciones muy difíciles de superar", en palabras del portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

"Vuelve a ser una mentira en la que encontrará seguramente la cobertura suficiente en los medios de comunicación, en grandes titulares, para anular lo que es la realidad", ha criticado para recordarle al portavoz que son las propias Autonomías las que "determinan los criterios y fijan cuáles son los procedimientos en el seno de la conferencia sectorial".

En este sentido, ha desmentido estos argumentos al explicar que es la "asociación de instaladores" las que tramitan las ayudas y que las inversiones que se hacen en los hogares responden "a los procedimientos acordados" porque "ninguna familia está capacitados para hacer esa inversión".