Ecologistas en Acción, Asociaciones y vecinos de los pueblos afectados han presentado más de 650 alegaciones a la Junta de Castilla y León solicitando la revocación de la solicitud de autorización del aprovechamiento de un millón de m3/año de agua, para una planta embotelladora, en la localidad de Quintanilla de Flórez del municipio de Quintana y Congosto.
Provincia01 de marzo de 2024 RML
Este macroproyecto del grupo empresarial Pascual (Bezoya) ha encendido todas las alarmas de los vecinos del valle del Jamuz ante lo que supondría una considerable reducción de los recursos hídricos de la zona y una intromisión en del derecho a la propiedad privada para los dueños de los terrenos afectados por la concesión.
La aceptación de esta solicitud por parte de la Dirección General de Minas viene refrendada por un “inquietante” informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que considera que una primera fase, de 500.000 m3/año, es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales desde el inicio hasta el final de la concesión, de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro a la población de Quintanilla de Flórez.
Ante esta previsible afección al abastecimiento a poblaciones reconocida por el Organismo de Cuenca, responsable de la gestión del agua, el principio de precaución exige realizar las comprobaciones necesarias que garanticen estos suministros preferentes antes de continuar con la tramitación, ya que en las actuales circunstancias el aprovechamiento no puede ser compatible con el Plan Hidrológico vigente.
Otro de los aspectos más preocupantes del proyecto son los exclusivos derechos que la concesión otorga al promotor sobre los terrenos afectados por la explotación (públicos, privados e incluso el núcleo urbano de Quintanilla de Flórez), al establecer un perímetro de protección de más de 2.000 Hectáreas en el que no se podrán llevar a cabo actividades que perjudiquen el normal aprovechamiento de las aguas adjudicadas.
Las restricciones y prohibiciones sobre estos terrenos constituyen una clara intromisión en el derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de sus legítimos dueños, refrendado tanto por la Constitución Española como por La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Cabe recordar que el especulativo negocio del agua embotellada sustenta su alta rentabilidad en la explotación de un bien público y escaso como es el agua, concedida por la Administración en condiciones muy ventajosas a empresas privadas para su exclusiva explotación comercial, además de tratarse de una actividad con un alto coste medioambiental que genera miles de millones de envases de plástico de un solo uso.
Ecologistas en Acción de León reitera su total oposición a este proyecto, de gran impacto sobre los recursos hídricos de la zona, agravado por el efecto del cambio climático, y una inadmisible injerencia en los derechos sobre la propiedad privada de sus legítimos dueños.
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El recurso del alto comisionado de las Cortes, admitido a trámite por el TC en julio cuestiona el procedimiento de tramitación e inclusión de las disposiciones que “desprotegen al lobo ibérico”.
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