La Diputación de León acumula cerca de cinco años de pagos sin cobertura contractual por la nave de bomberos en Villacedré

El mantenimiento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el polígono industrial de Villacedré se sostiene mediante pagos tramitados al margen de la normativa ordinaria de contratación pública. El contrato original de arrendamiento de la nave caducó el 12 de enero de 2022 sin que se tramitasen las prórrogas previstas en los pliegos administrativos ni se formalizase un nuevo acuerdo vinculante. Desde entonces, la institución provincial abona una renta mensual de 1.815 euros a través de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Las últimas operaciones aprobadas en la Comisión de Hacienda contemplan el abono acumulado de 7.260 euros correspondientes al periodo comprendido entre los meses de marzo y junio de este año.

La anomalía administrativa persistió después de que el equipo de gobierno intentase regularizar la situación mediante la convocatoria de un concurso público para adjudicar el alquiler del inmueble. El procedimiento de licitación quedó desierto al no registrar ninguna oferta, ya que ni siquiera el titular de la nave en uso presentó propuesta alguna para formalizar un nuevo vínculo contractual con la administración. Los informes emitidos por la Intervención provincial constatan que se abonan servicios y contraprestaciones de forma continuada pese a haberse agotado el periodo legal de vigencia que respaldaba el arrendamiento inicial.

Los informes de control económico subrayan que las instalaciones industriales resultan imprescindibles para garantizar operatividad al servicio de emergencias, ya que albergan el estacionamiento de los vehículos pesados, los centros de control y las dependencias para el mantenimiento logístico de los equipos. Ante la imposibilidad de resolver la adjudicación por cauces ordinarios, la administración provincial recurre de manera sistemática a la vía excepcional de los créditos extrajudiciales para evitar el desalojo o la interrupción de la base operativa de los bomberos, perpetuando un escenario de contratación irregular que supera ya los cuatro años de vigencia continuada.

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