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La instalación del memorial rendirá tributo a un grupo compuesto por dieciséis personas ejecutadas de manera extrajudicial -quince hombres y una mujer-, dos vecinos fusilados tras ser juzgados y condenados a muerte por tribunales militares, y una persona fallecida en el frente de batalla. La iniciativa cuenta con el apoyo de la administración municipal encabezada por la alcaldesa Alicia García Tejón y responde a un proceso de investigación histórica impulsado junto a los colectivos de familiares.
La reconstrucción de la nómina de represaliados requirió años de trabajo documental en archivos y una labor de recogida de memoria oral coordinada por el investigador Santiago Macías. Únicamente ocho de las diecinueve personas reconocidas figuraban en los registros civiles correspondientes. Las identidades de los once vecinos restantes se determinaron mediante testimonios orales, siguiendo una metodología similar a la empleada para identificar a las treinta y cinco víctimas del memorial de la curva de Magaz de Abajo en el municipio de Camponaraya.
El censo de víctimas refleja la heterogeneidad de la población trabajadora en la cuenca del Sil durante la primera mitad del siglo pasado. A los represaliados nacidos en la propia localidad se sumaron trabajadores procedentes de provincias como Palencia, Valladolid o Córdoba, atraídos en su momento por la expansión de la minería del carbón. La colocación de esta placa oficial formaliza el reconocimiento a los fallecidos noventa años después del inicio del conflicto.
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