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La postura crítica frente a la medida sostiene que la iniciativa no resuelve el problema de acceso a la vivienda en el municipio y perjudica directamente la actividad en los barrios. La principal objeción se centra en la presencia de un volumen elevado de inmuebles residenciales cerrados o destinados al alquiler vacacional, argumentando que el mercado local no padece un déficit de suelo edificado sino una falta de movilización del parque ya construido.
El análisis de esta iniciativa señala que adaptar inmuebles en planta baja genera espacios con deficiencias en iluminación natural, salubridad e intimidad, abocando a los residentes a condiciones de habitabilidad complejas a cambio de rentas elevadas. Asimismo, se toman como referencia antecedentes observados en ciudades como Madrid, donde medidas similares no lograron contener el precio del alquiler ni facilitar el acceso residencial, favoreciendo la proliferación de pisos precarios y la posterior desviación de esos espacios hacia el uso turístico o especulativo.
Desde la perspectiva del urbanismo de barrio, la medida supondría la eliminación definitiva de los locales comerciales exentos, limitando la posibilidad de recuperar el comercio de proximidad y la actividad económica en las calles de la capital. La falta de establecimientos tradicionales genera zonas desérticas que alteran la vida comunitaria e imponen desplazamientos hacia las grandes superficies comerciales.
Como alternativa a la propuesta municipal, se plantea la aplicación de recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los grandes tenedores con viviendas vacías, el establecimiento de moratorias a las licencias de pisos turísticos y la creación de una bolsa municipal de alquiler social. Para los bajos sin actividad comercial se propone un banco público de locales con alquileres bonificados destinados a emprendedores o su reconversión en infraestructuras de uso público, tales como centros de día, ludotecas, espacios asociativos y aulas de estudio.
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