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La decisión administrativa se sustenta en un acuerdo adoptado por la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía. Ante este escenario, las organizaciones promotoras han criticado la gestión institucional desarrollada durante el proceso de selección y han anunciado la convocatoria de un calendario de movilizaciones ciudadanas en protesta por el destino asignado a la nueva unidad antidisturbios.
La candidatura de León para albergar este servicio policial había recibido el respaldo unánime del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, además del ofrecimiento de infraestructuras específicas por parte del consistorio de Astorga desde el pasado mes de febrero. Por su parte, la ciudad de Valladolid ya dispone de dos grupos operativos y de un subgrupo de apoyo con más de un hundred de efectivos, mientras que la provincia leonesa carece de bases permanentes de esta especialidad.
El despliegue de unidades de intervención policial cuenta con precedentes de distribución compartida en otras demarcaciones del territorio nacional, tales como los núcleos de Granada y Málaga, Bilbao y Pamplona, A Coruña y Vigo, o Las Palmas y Tenerife. Las asociaciones representativas han avanzado que mantendrán las protestas sociales para exigir una descentralización efectiva de los recursos de seguridad pública en la comunidad autónoma.
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