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El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha presidido este martes 29 de septiembre el acto de entrega de las menciones honoríficas de Seguridad Privada. La cita ha servido para reconocer la labor de 19 profesionales que han destacado por su contribución a la prevención de delitos, la protección de la ciudadanía y la cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el territorio provincial.
Entre los galardonados figuran dos empleadas del Banco Santander que evitaron una estafa a personas de edad avanzada, permitiendo la posterior detención de los presuntos autores. Asimismo, se ha distinguido a un vigilante de la empresa Visegursa por auxiliar de inmediato a una víctima de apuñalamiento durante el servicio, y a un profesional que asistió a los afectados en un accidente de circulación durante su jornada laboral.
Las distinciones han alcanzado también al ámbito deportivo con el reconocimiento a la coordinadora de seguridad de la Cultural y Deportiva Leonesa y de la Sociedad Deportiva Ponferradina por la gestión de dispositivos en eventos. El cuadro de homenajes se ha completado con menciones a una subinspectora de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional y a un agente de la Intervención de Armas de la Guardia Civil con motivo de su jubilación. En total, se han concedido una mención de categoría A y doce de categoría B por parte de la Policía Nacional, junto a seis menciones de categoría B otorgadas por la Guardia Civil.
La provincia de León alberga un tejido industrial del sector compuesto por 26 empresas operativas que generan cerca de 2.000 empleos directos e indirectos, entre los que se contabilizan 923 vigilantes de seguridad y 60 de explosivos. La actividad en la zona abarca la supervisión de 320 establecimientos obligados a disponer de medidas específicas, como entidades bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias y salas de juego.
El balance de la Comisión Mixta Provincial refleja que durante el último ejercicio se registraron 588 colaboraciones operativas entre el sector privado y los cuerpos policiales, acompañadas de 608 inspecciones de control. Esta entidad de coordinación mantiene entre sus atribuciones la formulación de planes conjuntos de prevención delictiva y el intercambio técnico de información en materia de protección ciudadana.
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