Denuncia ante la Inspección de Trabajo por altas temperaturas en el centro de discapacidad de San Andrés del Rabanedo

La denuncia formal reclama una personación inmediata de los inspectores en el recinto sanitario. Las dependencias interiores registran de forma recurrente temperaturas superiores a los 27 grados centígrados, el límite máximo fijado por la legislación laboral vigente para trabajos en oficinas y espacios cerrados. En varias jornadas puntuales el termómetro ha llegado a superar los 30 grados en el interior de las salas de atención.

Esta situación afecta directamente a una plantilla sensible y a un colectivo de usuarios con cuadros graves de discapacidad y dependencia extrema. Las instalaciones carecen en la actualidad de sistemas de climatización eficientes o de mecanismos de refrigeración capaces de contener el impacto calórico exterior. La falta de aislamiento térmico adecuado agrava el problema dentro de las estancias comunes y las habitaciones.

Los registros oficiales del Ministerio de Sanidad cifran en 3.832 los fallecimientos relacionados de forma directa con el impacto del calor en España durante el periodo comprendido entre mayo y septiembre del año 2025. Los colectivos con patologías crónicas previas y un alto grado de dependencia presentan una vulnerabilidad muy superior ante oscilaciones térmicas extremas en espacios cerrados.

Las deficiencias estructurales en el sistema de ventilación del edificio ya se manifestaron durante el periodo estival del año anterior. La ausencia de reformas estructurales o de medidas preventivas antes del inicio del verano ha consolidado un problema recurrente en la gestión diaria del centro leonés.

La reclamación exige la adopción urgente de medidas cautelares específicas. Entre las peticiones trasladadas a la autoridad laboral destaca la instalación provisional de equipos portátiles de enfriamiento y la adecuación urgente de los flujos de aire en las áreas de mayor exposición solar. El procedimiento busca forzar a los responsables de la instalación a adecuar las dependencias a los baremos de seguridad y salud que exige la ley.