Ucale-Coag solicita a la Diputación de León medidas de urgencia para proteger las explotaciones apícolas

El sector apícola profesional de la provincia de León demanda la puesta en marcha de un plan de contingencia institucional ante el incremento de las pérdidas económicas sufridas en las explotaciones. Una delegación de la organización agraria Ucale-Coag ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la diputada de Desarrollo Rural, Irene González López, para exponer la situación de las colmenas y proponer medidas de intervención inmediata.

El documento de propuestas técnicas entregado a la administración provincial recoge dos ejes de actuación de carácter práctico. El primero contempla el diseño de una línea de subvenciones directas destinada a cofinanciar la compra de insumos de emergencia y materiales de protección perimetral, tomando como referencia el modelo administrativo desarrollado en la Diputación de Soria. El segundo eje plantea la implicación de las cuadrillas forestales de empleo del Plan Montel en las tareas de desbroce y limpieza de la vegetación que rodea a los asentamientos de abejas en las zonas de montaña. Esta labor de mantenimiento es necesaria para asegurar el funcionamiento de los pastores eléctricos, que pierden eficacia y se descargan cuando entran en contacto directo con la maleza, facilitando el acceso de la fauna del entorno.

La representación del sector sectorial, encabezada por Nacho Rodríguez y la secretaria técnica Susana Gallego González, argumenta que las explotaciones atraviesan un escenario crítico debido a los ataques recurrentes del oso pardo y a la expansión del avispón asiático. Según detallan los productores, el marco de indemnizaciones de la administración autonómica acumula retrasos burocráticos y utiliza baremos económicos desactualizados que no cubren los costes reales de reposición. A esto se suma la proliferación de la especie invasora, que diezma las poblaciones de abejas ante la falta de una estrategia de erradicación a escala regional.

Dadas las competencias legales limitadas que posee la institución provincial en el ámbito ganadero, los apicultores han solicitado asimismo la aprobación de una declaración institucional en el pleno corporativo. A través de este texto se instará formalmente al Gobierno central y a la administración autonómica a recortar los plazos de pago por daños a un máximo de tres meses, modificar ciertos criterios de la Política Agraria Común y aplicar la cláusula de fuerza mayor para eximir de penalizaciones a las explotaciones afectadas por los incendios forestales recientes. La Diputación de León se ha comprometido a evaluar el dossier técnico para analizar la viabilidad de las medidas solicitadas.