La oposición municipal critica al alcalde de León por paralizar la municipalización del servicio de la ORA

La controversia surge tras la presentación de una moción corporativa encaminada a exigir la gestión directa de los estacionamientos regulados y subterráneos de la ciudad. El texto técnico plantea que una modificación en los estatutos de la sociedad de promoción urbanística ILRUV bastaría para encomendar de forma legal el servicio de la ORA. Esta fórmula administrativa reportaría un ahorro económico para las arcas públicas locales sin mermar la calidad de la prestación ordinaria. Sin embargo, la alcaldía condicionó cualquier avance a la emisión de nuevos informes técnicos adicionales.

El calendario de tramitación fijado en la Junta de Portavoces de mayo determinaba que la propuesta pasaría por la comisión correspondiente para ser dictaminada y debatida en el pleno ordinario de junio. Los representantes de la oposición lamentan que la pretensión del equipo de Gobierno sea mantener el actual modelo de empresa mixta, obviando que la actual concesión finaliza contractualmente en junio de 2027. Los portavoces alertan de que la inacción institucional ante los plazos electorales derivará en prórrogas forzosas de carácter indefinido que perjudicarán el erario público.

La discusión técnica abarca también el valor jurídico de los acuerdos plenarios. Frente a las declaraciones del regidor, que restó carácter vinculante a las mociones, el portavoz Eduardo López Sendino defendió que los mandatos aprobados por mayoría democrática representan un compromiso político de obligado cumplimiento. Argumentó que obviar estas resoluciones vacía de contenido la labor de control de los grupos de la oposición.

El bloque crítico municipal vincula este retraso con la situación de otros servicios esenciales de León. Las quejas apuntan a que el servicio ordinario de autobuses urbanos, las tareas de mantenimiento de la ciudad y el aparcamiento subterráneo de la plaza de Santo Domingo sufren un bloqueo similar. La oposición concluye que mantener estas prórrogas contractuales beneficia exclusivamente de forma económica a los operadores privados actuales, vulnerando los principios básicos de la legislación hídrica y de contratación pública que priorizan la eficiencia presupuestaria del municipio.