
El servicio de ciberseguridad nacional frena una estafa a una usuaria mediante un falso teléfono de Booking
RML
El incidente se originó cuando la afectada detectó un error en una gestión vacacional realizada a través de la plataforma Booking. Al intentar subsanar la reserva, optó por buscar un contacto telefónico de soporte en internet y marcó el primer número localizado en los resultados del buscador. Los interlocutores que atendieron la llamada suplantaron la identidad de la compañía turística y le exigieron la instalación de un programa informático en su terminal, además del acceso a un enlace web externo.
La usuaria interrumpió la operación tras observar que el sistema informático le solicitaba la introducción de datos de carácter personal. Posteriormente, verificó la falsedad del contacto inicial llamando al número oficial que constaba en su documentación de reserva, donde los empleados confirmaron la existencia del intento de engaño. Ante el riesgo de que su dispositivo móvil se encontrara comprometido, la ciudadana recurrió al número de asistencia confidencial 017.
Los especialistas técnicos indicaron a la afectada la necesidad inmediata de eliminar el programa descargado y realizar un análisis del sistema operativo mediante un software antivirus para descartar infecciones por código malicioso. El protocolo de contingencia remitido incluyó la recomendación de restablecer el terminal a los valores de fábrica de ser necesario. Asimismo, se le instó a reportar el número fraudulento a través de los canales de colaboración ciudadana de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.
Las pautas de seguridad generales ante este tipo de suplantaciones estipulan no facilitar nunca información bancaria ni seguir instrucciones de instalación procedentes de fuentes no verificadas. Los técnicos recordaron la conveniencia de cortar la comunicación de forma unilateral ante cualquier sospecha y contactar con las empresas mediante los canales directos integrados en sus aplicaciones oficiales. En caso de que se consolide un perjuicio económico, el protocolo obliga a recopilar las evidencias digitales disponibles para formalizar la denuncia correspondiente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


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