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El grueso de esta inversión corresponde al Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2026, dotado con 8.181.313 euros. Estas ayudas facilitarán a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la contratación de personal desocupado para la realización de obras o servicios de competencia municipal, financiándose con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027. La distribución de los fondos se realizará en función de la población, oscilando entre los 30.054 euros para los municipios de hasta 250 habitantes y los 60.107 euros para los que tengan entre 5.001 y 20.000 vecinos. Las contrataciones deberán formalizarse a partir del 1 de enero y concluir el 31 de diciembre de 2026, con una duración mínima de dos meses y máxima de doce, y a jornada completa o parcial no inferior al 50%.
Complementando las medidas de fomento del empleo, la comisión dio luz verde a las bases del Plan de Ocupabilidad para Piscinas Municipales y Playas Fluviales, con una partida de 669.750 euros. De esta cantidad, 627.000 euros se destinarán a los ayuntamientos y 42.750 euros a las juntas vecinales para sufragar gastos de contratación de personal en las instalaciones autorizadas para el baño durante el periodo estival de 2026. La asignación será fija, estableciéndose en 7.125 euros por cada piscina municipal o playa fluvial. Los contratos subvencionables serán los realizados entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con una duración de entre dos y tres meses.
En cuanto a inversiones en infraestructuras, se aprobó el reparto del Fondo de Cohesión Territorial 2025, que asciende a 2.120.035,60 euros y beneficiará a 134 ayuntamientos. La financiación corre a cargo de la propia Diputación, que aporta el 25%, la Junta de Castilla y León, que subvenciona el 50%, y los ayuntamientos, que colaboran con el 25% restante. El objetivo principal de estas ayudas es la mejora y ampliación de las redes de abastecimiento y captación de agua para paliar los efectos de la sequía, aunque si los municipios certifican no tener problemas en este servicio, podrán destinar la inversión a otras actuaciones en equipamiento municipal obligatorio, exceptuando servicios sociales y culturales. Por último, también se autorizó el reparto de la séptima fase del Plan PIOS, dotada con 3.102.043,81 euros, que se distribuirán entre nueve ayuntamientos.
