La Junta Vecinal de Calzada de la Valdería eleva al Procurador del Común el conflicto por los terrenos comunes

La Junta Vecinal de Calzada de la Valdería ha presentado una queja formal ante el Procurador del Común para exigir a la administración de Castrocalbón el abono de las cantidades pendientes por la explotación de terrenos comunales. El conflicto, que permanece bloqueado desde hace seis años, se centra en el incumplimiento del reparto de beneficios generados por estas tierras, de las cuales Calzada de la Valdería ostenta el derecho a percibir una cuarta parte. Esta potestad de cobro tiene su origen en un convenio firmado en el año 1900 y fue ratificada posteriormente por una sentencia judicial a principios del siglo XX.

El origen de la reclamación económica actual se sitúa en 2017, cuando se llevó a cabo la tala de los chopos situados en la ribera del río. La venta de la madera se adjudicó mediante subasta a la empresa Somacyl, pero la parte correspondiente a Calzada de la Valdería no ha sido satisfecha hasta la fecha. A esta situación se suma la falta de ingresos por los aprovechamientos de caza y el uso de fincas comunes desde el ejercicio de 2018, lo que ha mermado los recursos de la entidad local menor.

Representantes de la Junta Vecinal de Calzada de la Valdería, con su presidente Miguel Martínez a la cabeza, han intentado resolver la situación a través de diversas reuniones de trabajo con la entidad de Castrocalbón. Sin embargo, la ausencia de acuerdos y la falta de entendimiento entre ambas administraciones han motivado la búsqueda de mediación externa. La documentación aportada en la denuncia recalca la vigencia del acuerdo histórico y la necesidad de regularizar los pagos acumulados para garantizar la estabilidad de las cuentas vecinales.

La intervención del Procurador del Común busca ahora desbloquear una situación administrativa que afecta directamente a la gestión de los recursos naturales del municipio de Castrocalbón. Mientras no se resuelva el litigio, los beneficios derivados de la actividad forestal y cinegética en la zona compartida permanecen en una situación de inseguridad jurídica. El cumplimiento del pacto centenario es la base sobre la que Calzada de la Valdería sustenta su petición para recuperar la normalidad en la percepción de unos fondos que consideran esenciales para el mantenimiento de su territorio.