
Cruce de acusaciones entre el PP y la Diputación de León por la gestión y titularidad de Inbiotec

La gestión del Instituto de Biotecnología de León (Inbiotec) ha generado este jueves un intercambio de reproches entre el Partido Popular y el equipo de gobierno de la Diputación provincial. El PP sostiene que la supervivencia del centro investigador se debió exclusivamente a la intervención de la administración autonómica a través de la Fundación Cesefor, tras una etapa de desidia institucional que situó a la entidad al borde del concurso de acreedores en el año 2022. Por su parte, la institución provincial rechaza estas acusaciones y recuerda que es la propietaria del recinto del Parque Científico donde opera el centro, por el cual no percibe contraprestación económica alguna.
La argumentación de los populares se basa en el crecimiento experimentado por Inbiotec tras su integración en Cesefor. Según sus datos, el número de profesionales cualificados se ha duplicado en los últimos tres años, alcanzando los 17 investigadores actuales. Esta estructura permite al centro participar en siete proyectos europeos y seis nacionales, especializando su actividad en biotecnología forestal, sanidad vegetal y bioeconomía rural, con un enfoque destacado en el impulso de la castañicultura en la provincia.
Desde la Diputación de León se ha respondido con una aclaración detallada sobre su papel en la viabilidad del instituto. El equipo de gobierno afirma que su implicación fue constante durante las negociaciones para evitar el cierre, actuando como mediador entre la plantilla y el resto de entidades involucradas. Subrayan que el hecho de no cobrar alquiler por el uso de las instalaciones es una prueba directa de su compromiso, rebatiendo así las críticas sobre una supuesta falta de respaldo hacia la investigación biotecnológica.
El conflicto se remonta a la crisis de gestión de 2022, cuando la falta de actividad abocaba a Inbiotec a la desaparición. Mientras el PP remarca que fue la Junta quien impulsó la "resurrección" del centro, la Diputación insiste en que su labor de responsabilidad permitió alcanzar un acuerdo satisfactorio para la plantilla. Ambas instituciones coinciden únicamente en la satisfacción por la continuidad de una entidad que aporta valor añadido al tejido científico y económico de León, aunque difieren radicalmente en la atribución del éxito de su recuperación.


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