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La Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro han formalizado este miércoles una demanda judicial contra el Ayuntamiento de León. La decisión se produce un día después de que el alcalde, José Antonio Diez, confirmara la intención municipal de aprobar durante esta misma semana la licencia de obras necesaria para la ejecución de la red de calor en la capital.
Los colectivos vecinales sostienen que el proyecto infringe la normativa vigente y han solicitado a los concejales de la corporación municipal que se opongan a su tramitación. Advierten de que dar vía libre a esta infraestructura conlleva responsabilidades por apoyar una iniciativa que califican de perjudicial para la ciudadanía y carente de respaldo social en la ciudad.
Uno de los puntos centrales de la queja reside en la falta de transparencia denunciada por los afectados. Los representantes vecinales aseguran que la administración municipal ha ocultado el expediente administrativo de forma sistemática. Según detallan, se han presentado hasta cuatro solicitudes formales de información entre septiembre del año pasado y marzo del presente ejercicio sin obtener respuesta alguna por parte de los servicios municipales.
La crítica de las asociaciones también se extiende a la gestión de los fondos destinados al proyecto. Consideran que el presupuesto empleado supone un desvío de recursos económicos que deberían haberse dirigido a la reindustrialización de las cuencas mineras de Laciana, el Bierzo y la Montaña Central Leonesa. A su juicio, el impulso de esta red de calor perjudica directamente los intereses de los residentes de las zonas afectadas.
En términos técnicos, la red proyectada contempla la instalación de una red de tuberías en el subsuelo urbano que alcanzaría inicialmente los 30 kilómetros de longitud, sumando los ramales principales y secundarios. Los vecinos han hecho un llamamiento al resto de la ciudadanía para rechazar la obra, fundamentando su postura en las graves molestias que causarían los trabajos de excavación y la supuesta ilegalidad de la infraestructura desde el punto de vista del planeamiento urbanístico y la protección del medio ambiente.
