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El Ayuntamiento de Sahagún actúa como promotor de un evento taurino que establece tarifas especiales segmentadas por edades: un precio reducido para niños de siete a 12 años y otro para el tramo comprendido entre los 12 y los 18 años. Esta decisión ha motivado una denuncia pública de la Fundación Franz Weber, que considera que el equipo de gobierno local integra de forma deliberada a menores en actividades con violencia explícita. La organización señala que este tipo de iniciativas ignoran el impacto psicosocial que la visualización de estos eventos puede tener en el desarrollo de los niños.
La controversia se produce apenas dos meses después de que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitiera una nueva advertencia sobre esta materia. Este organismo internacional recomienda establecer los 18 años como edad mínima para participar o asistir a eventos y escuelas taurinas sin excepciones. El objetivo es evitar la exposición de la población joven a contenidos que puedan generar efectos negativos en su sensibilidad y formación.
Desde la Fundación Franz Weber se ha instado al Ayuntamiento de Sahagún a rectificar de manera inmediata la oferta comercial del evento. Argumentan que existen numerosos estudios científicos que respaldan la necesidad de proteger a los menores de situaciones evitables donde se ejerce violencia sobre animales. La entidad recuerda que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de sensibilizar a la población y a los funcionarios sobre las consecuencias de la exposición temprana a este tipo de espectáculos.
A pesar de los requerimientos internacionales, el programa taurino de Sahagún mantiene las bonificaciones para la infancia y la adolescencia. Esta postura municipal choca con la tendencia de diversos organismos de defensa del menor que abogan por una separación estricta entre la tauromaquia y el público infantil. Por el momento, el consistorio no ha modificado las condiciones de acceso ni los rangos de edad establecidos para la adquisición de las entradas. La denuncia pone de relieve la falta de consenso entre las tradiciones locales de gestión taurina y las directrices globales en materia de derechos de la infancia.
