Denuncian el deterioro de la calidad asistencial y de las condiciones laborales en el complejo hospitalario de León

La situación asistencial en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) atraviesa un momento crítico debido a la reducción de personal técnico y la sobrecarga en servicios fundamentales. Desde finales del pasado mes de marzo, se ha suprimido la figura de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de refuerzo en el Hospital Monte San Isidro durante los turnos de mañana y tarde. Esta medida afecta directamente a la segunda y tercera planta del centro, donde el 80 por ciento de los ingresados son pacientes de edad avanzada con un elevado grado de dependencia.

La organización del trabajo en estas áreas se divide en dos alas de 27 pacientes cada una. Con la retirada de los refuerzos, la atención recae sobre tres técnicos en el turno de mañana y solo dos en el de tarde, una dotación insuficiente para cubrir necesidades de higiene, movilizaciones y cuidados integrales constantes. Este escenario ha provocado un incremento de la carga de trabajo que deriva en mayores niveles de estrés laboral y un aumento de las bajas entre los profesionales sanitarios, afectando de forma directa a la seguridad y calidad del servicio prestado.

A esta problemática se suma la precariedad en el Servicio de Oncología, que actualmente se encuentra bajo mínimos. La escasez de especialistas, motivada por bajas laborales y el desplazamiento de profesionales al Hospital del Bierzo, está generando retrasos significativos en las consultas y tratamientos. La presión sobre los oncólogos en activo impacta de manera frontal en el seguimiento de los pacientes con patologías tumorales, quienes sufren las consecuencias de una gestión que se percibe alejada de la realidad asistencial del entorno.

Por otro lado, el proceso de externalización en el Hospital Monte San Isidro también ha generado tensiones. La sustitución de personal estatutario por empresas subcontratadas en el área de mantenimiento se interpreta como una privatización de servicios esenciales. En paralelo, existen quejas formales por presunto acoso laboral vinculado a cargos superiores y una falta de transparencia en la designación de responsables sin experiencia previa en el sector sanitario local.

La normativa vigente, recogida en la Ley General de Sanidad y en la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, obliga a las administraciones a garantizar una atención segura y equitativa. Del mismo modo, el marco legal de prevención de riesgos laborales exige velar por la salud física y psicosocial de los empleados. La actual deriva en la gerencia del complejo hospitalario pone en riesgo estos preceptos, mientras se reclama la reposición inmediata de los refuerzos para estabilizar el sistema.