RML
El exregidor, que se enfrenta a una petición de tres años y medio de prisión por presunta falsedad documental y prevaricación administrativa, justificó su actuación por "la premura" de los tiempos marcados por la institución provincial. Canedo aseguró que primó el interés de los vecinos, quienes habían padecido graves problemas de sequía ese verano, por encima del estricto cumplimiento administrativo. Según su declaración, recibió una llamada de la Diputación ofreciendo la subvención pocos días antes de que finalizara el plazo de justificación, fijado para el 31 de octubre de aquel año.
Alfonso Canedo explicó que, aunque era consciente de que los trámites no se ajustaban a la legalidad en ese momento, tanto el contratista como el director de obra aceptaron el procedimiento como algo habitual en este tipo de situaciones de emergencia, comprometiéndose a realizar los trabajos con posterioridad. Asimismo, incidió en que los servicios legales del consistorio no le advirtieron de irregularidad alguna durante el proceso.
Los hechos enjuiciados se remontan a finales de octubre de 2007. El relato de la Fiscalía detalla que en apenas nueve días se tramitó todo el expediente, desde la providencia para iniciar el proyecto hasta la adjudicación, certificación y finalización de la obra, firmando documentos que acreditarían la ejecución de los trabajos en tan solo veinticuatro horas tras la adjudicación, lo que materialmente era imposible.
La documentación presuntamente falseada fue remitida a la Diputación de León, que procedió al abono de la subvención. Meses después, se incluyó el sello de "pagada" en la factura emitida por la empresa constructora, a pesar de que no consta que se hubiera realizado dicho abono. El juicio continuará durante la jornada de mañana para determinar las responsabilidades del exalcalde en este procedimiento.
